Con un trámite exprés, los diputados y senadores bonaerenses aprobaron el paquete de emergencia

En paralelo al debate parlamentario sobre la ley de Emergencia Económica que se extiende a lo largo de la madrugada de este viernes en el Congreso Nacional, la Legislatura bonaerense aprobó un proyecto similar que fue enviado por el gobernador Axel Kicillof, y que le otorgó varias facultades a su administración.

El oficialismo logró el apoyo necesario para avanzar con esta medida gracias a un acuerdo que logró con la oposición en ambas Cámaras del recito, tras aceptar hacerle varios cambios al texto original elaborado por el equipo del mandatario local.

Se trata de la ley que declaró la emergencia social, económica, productiva y energética en el territorio bonaerense, que tendrá una vigencia de un año y no de dos como era el proyecto original. Además, se fijó como el 31 de marzo como fecha límite para la prórroga del Presupuesto, algo que no prevé la iniciativa que envió Kicillof inicialmente.

Según explicó una fuente legislativa a la agencia Télam, estas modificaciones fueron parte del acuerdo al que llegaron las bancadas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio tras varias negociaciones que mantuvieron en la previa del tratamiento parlamentario.

Entre otras cosas, la norma estableció que de los entre 65 y 68 millones de pesos de endeudamiento que contiene la prórroga del Presupuesto, unos 2000 millones serán girados a los municipios para el Fondo de Infraestructura Municipal.

El gobernador convocó a tratar estas iniciativas a partir del Decreto 27 publicado en el Boletín Oficial del distrito, en el que señaló la necesidad de “considerar los asuntos de interés público y urgente”. Allí, el economista destacó que la intención era declarar el estado de emergencia social, económica, productiva y energética en el ámbito de la provincia y ratificar las emergencias en materia de seguridad pública, política y salud penitenciaria, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, administrativa y tecnológica que ya regían con anterioridad.

La ley fue sancionada primero en el Senado, que también aprobó este jueves por la noche, en el inicio de su sesión extraordinaria, la designación de Juan Juan Cuatrommo como nuevo presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires. Luego, el proyecto enviado por Kicillof pasó a Diputados, que terminó de aprobar la norma ya entrada la mañana del viernes.

Principales puntos de la ley

El conjunto de las emergencias, que estarán vigentes por un año con la posibilidad de una prórroga por otro año más, le otorga diferentes facultades al Poder Ejecutivo local, como la posibilidad de llevar adelante las gestiones y actos necesarios para lograr y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública que adquirió el distrito.

Además, establece un marco normativo único y común “para la prestación de servicios y la ejecución de contratos a cargo del sector público provincial, en los tres poderes y para todas sus dependencias”.

Por otra parte, insta al Ministerio de Salud a “garantizar el normal funcionamiento de la infraestructura sanitaria y el acceso a medicamentos, vacunas, tratamientos y otros insumos”.

En lo que respecta a lo productivo, la ley crea un “programa de emergencia dirigido a las micro y pymes y pequeños y medianos productores”, mientras que ARBA implementará un nuevo sistema de moratoria para este sector que permitirá acceder un régimen de regularización de deudas por las obligaciones fiscales que vencerán el próximo 31 de diciembre.

La norma también ordena destinar parte del presupuesto para financiamiento de obras urgentes en materia de infraestructura escolar y le permite a la administración de Kicillof negociar directamente con el Estado Nacional las medidas necesarias para llevar adelante en todos los municipios del distrito los programas dictados en el marco de la emergencia alimentaria sancionada por el Congreso.

Por último, también dispone la suspensión durante 180 días de los aumentos tarifarios que estaban previstos para enero del próximo año, medida que puede ser prorrogada mientras dure la emergencia, y faculta al gobernador a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente o iniciar una revisión con carácter extraordinario.

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