
En el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General de la Cámara de Diputados, el oficialismo y la oposición protagonizaron fuertes cruces por la suspensión de la movilidad jubilatoria (ley 27.426), reformada por el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2017, en donde se modificó la fórmula y frecuencia de actualización del valor monetario de los haberes previsionales.
Con la presencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, este miércoles se trató la propuesta del actual Gobierno. La iniciativa plantea suspender por 180 días el sistema de movilidad previsional. Es decir, que la ley que ajusta los haberes de los jubilados quedará inmóvil durante los próximos seis meses mientras -según el ministro- se buscará acordar una nueva fórmula de actualización en donde aquellos que cobran la mínima se beneficiarán más que quienes obtienen una jubilación media o alta.
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“En el último tiempo se dio un fenómeno extraño en el sistema previsional: los de más abajo han perdido en el término de inflación y el último quintil ha ganado. En un sistema que lo seguimos llamando de solidaridad y redistributivo no es tolerable. Nuestro sistema previsional hace tiempo que dejó de ser contributivo. No es más simplemente contributivo”, sostuvo Moroni.

Aquellos jubilados que perciben un solo haber mínimo recibirán en diciembre y enero un bono adicional de $5.000. “Este bono va a alcanzar todos, lo único que va a ser por el diferencial no serán los 5.000 completos sino algo hasta alcanzar la misma suma que hubiera percibido de la jubilación mínima más el bono. No son sólo los perceptores de la mínima quienes recibirán el bono, sino aquellos que cobran un poco más hasta alcanzar los 19 mil y pico de pesos”.
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Luciano Laspina, diputado nacional por Juntos por el Cambio, salió al cruce del ministro y manifestó: “La ley protegió las jubilaciones mucho mejor que las fórmulas anteriores. La nueva fórmula es trimestral, tiene un gran componente de inflación y la anterior tenía un gran componente de recaudación”.
Y agregó: “La ley que se votó en 2017 y le costó a la plaza que está enfrente 14 toneladas de piedras sirvió para proteger a los jubilados. Con lo cual hablemos con la verdad porque están faltando a la verdad con las cifras reales con una fórmula que protegió más a las jubilaciones y la AUH con la fórmula anterior. Y la iba a proteger mucho más el año que viene”.
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Esta discusión se originó en el debate por el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, en donde -tal como publicó Infobae-, respecto a las jubilaciones, el gobierno nacional buscará frenar los aumentos previstos durante el tiempo mencionado "a todas las prestaciones de la seguridad social comprendidas, hasta tanto elaboren un nuevo índice los aumentos se realizarán por Decreto presidencial”.
Leopoldo Moreau, diputado por el Frente para la Victoria, le respondió a Laspina: “Con esto que ustedes han inventado, que no tiene ninguna sustentabilidad, como sí tenía el régimen anterior, cuando se produzcan las devaluaciones van a pedir de rodillas que se cambien la fórmula, que hacía insustentable el sistema. Ustedes creyeron que no iba a haber inflación, se creyeron el cuentito de la lluvia de dólares, de capitales, y se produjo una inflación descomunal".
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“Hoy viene un gobierno que asumió hace ocho días y ustedes se dan el lujo de sacar un comunicado sobre que no van a dar quórum mañana porque se está arrasando con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo arrasaron ustedes”, enfatizó Moreau.
Martín Guzmán, flamante ministro de Economía, había explicado que "el problema del esquema actual es que imposibilita la desinflación. O sea que la situación de los jubilados hubiera estado peor, no hubiese estado mejor. Y lo que nosotros queremos es mejorar la situación de los jubilados”.
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“Definimos como prioridad proteger en este momento a quienes están en una situación más vulnerable, a quienes les aseguramos que recuperarán el poder adquisitivo”, afirmó Guzmán en una conferencia de prensa que brindó ayer en el Palacio de Hacienda.
El FMI impulsó la reforma de 2017 tras criticar la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner, quien en su segundo mandato como Presidenta incorporó a millones de jubilados que estaban sin aportes. Esa política implosionó el Presupuesto Nacional. Sin embargo, el Fondo nunca avaló el concepto que Mauricio Macri logró sancionar en una norma que permitía la movilidad jubilatoria, aunque sus beneficiarios corrían detrás por la crisis económica y la inflación en ascenso.
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El ex mandatario de Cambiemos soportó la presión del FMI para suspender ese método de movilidad jubilatoria y optó por ajustar con la dolarización de las tarifas y la subejecución de las partidas públicas destinadas a salud, educación y vivienda.
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