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El Senado de Bolivia crea comisión por el caso Rodríguez Zapatero sobre presunto tráfico de influencias

La comisión investigará las presuntas gestiones de influencia ejercidas en Bolivia por el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero con el Gobierno de Luis Arce para favorecer a una empresa cementera

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La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó la creación de una Comisión Especial de Investigación para indagar la presunta injerencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) en un litigio multimillonario entre dos empresas cementeras durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025).

La comisión estará conformada por seis senadores, con representación de las distintas fuerzas políticas que integran el Senado y tendrá un plazo de tres meses para presentar un informe final al pleno.

La investigación surge a raíz de los hallazgos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España que sugiere indicios de influencia del expresidente español sobre un fallo que favoreció a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), que pertenece al Grupo Gloria, y que debía pagar 107 millones de dólares a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) por un litigio de competencia desleal.

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Según el informe de UDEF, Rodríguez Zapatero habría recibido 200 mil euros a cambio de mediar con autoridades bolivianas para favorecer al Grupo Gloria con el fallo judicial que lo eximió del pago.

Rodriguez Zapatero y Bolivia
Fancesa, la empresa cementera boliviana que habría sido perjudicada por un fallo judicial que vincula presuntamente al expresidente de españa, José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes del entorno del exmandatario rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el pago realizado correspondía a una consultoría legal, mientras el caso continúa en investigación y no existe una resolución judicial definitiva.

En tanto en Bolivia, el caso salpicó al expresidente Luis Arce, a la exembajadora en España, Carmen Almendras, y a varios ministros del Gabinete.

Tras casi dos décadas de relación con Bolivia, Rodríguez Zapatero visitó por última vez el país en septiembre de 2024 para participar en actos de conmemoración del Bicentenario en la ciudad de Sucre, capital del país, junto al secretario general de la Organización Mundial del Turismo. En esa visita, que luego sería uno de los indicios de la investigación que lo acusa de tráfico de influencias, sostuvo un encuentro con Arce en La Paz.

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El exmandatario boliviano reveló en un comunicado reciente que en aquel encuentro se dio “en el marco de los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y detalló que abordaron temas de coyuntura política, la disputa con Evo Morales y los planteamientos de “unidad del movimiento popular”.

Rodriguez Zapatero y Bolivia
El entonces presidente Luis Arce con el exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante una visita a La Paz el año 2022.

Asimismo, señaló que la relación entre ambos siempre fue “institucional y política” y descartó nexos con el caso que se investiga en España. En tanto, en un contacto breve con el medio Brújula Digital, la exembajadora Almendras se declaró “ajena a los hechos que se investigan”.

<b>Un giro en el caso judicial</b>

En medio del escándalo que involucra a los expresidentes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró infundado el recurso de casación y ratificó la sentencia que obliga a realizar el pago a favor de Fancesa.

Soboce rechazó esa determinación y anunció que agotará todas las vías legales para impugnar la resolución. En un comunicado, la firma con capitales peruanos expresó su “formal y profunda disconformidad” con los alcances del fallo, al considerar que fue dictado “bajo un clima de amedrentamiento” y que incumple la tutela concedida anteriormente por una Sala Constitucional.

Como parte de su trabajo, la comisión legislativa podrá convocar a exautoridades, solicitar documentación e incorporar información proveniente de la investigación que desarrolla la justicia española. Aunque sus conclusiones no tendrán efectos judiciales directos, podrían derivar en recomendaciones para promover procesos administrativos o penales en Bolivia.

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