Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

En un esfuerzo continuo por salvaguardar el orden público y garantizar la seguridad nacional, el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica han ejecutado contundentes operativos migratorios.

El día de ayer, jueves 2 de julio, la Policía Profesional de Migración (PPM) coordinó la salida obligatoria de un total de 28 personas de nacionalidad nicaragüense, reforzando la política de cero tolerancia implementada por la actual administración gubernamental frente a extranjeros que infringen la legislación nacional.

De este grupo de 28 personas, 24 correspondieron a deportaciones directas de ciudadanos que ya habían cumplido sentencias en centros penales costarricenses. Los delitos cometidos por estos individuos incluyen robos agravados, portación ilícita de armas permitidas y transporte de drogas. Las cuatro personas restantes sufrieron un proceso de expulsión debido a sus perfiles de alta peligrosidad.

Todos los implicados se encontraban en una condición migratoria irregular, desafiando abiertamente la normativa costarricense vigente. Ante la gravedad y la naturaleza de las actividades criminales perpetradas, las autoridades migratorias impusieron severas restricciones de reingreso, dictando impedimentos de entrada al territorio nacional que oscilan entre los 10 y los 25 años.

Con este reciente movimiento, la cifra total de deportaciones en lo que va del año se eleva drásticamente a 861 casos, consolidando las operaciones de la PPM como una herramienta indispensable para neutralizar las amenazas internas.

Reciente deportación en el país tico

Las acciones ejecutadas el 2 de julio se suman a otro fuerte operativo realizado a inicios de la misma semana. La mañana del pasado martes 30 de junio, la Policía Profesional de Migración llevó a cabo la deportación de un bloque de 26 personas que también permanecían en una condición migratoria irregular dentro del país.

En este caso específico, el egreso de los extranjeros se gestionó por la vía aérea mediante un vuelo tipo chárter que despegó desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Según los reportes oficiales, 19 de los 26 pasajeros contaban con un marcado perfil criminal. El itinerario del vuelo chárter contempló una primera ruta San José, Colombia, Ecuador. En territorio colombiano se entregaron a 17 personas del grupo, quienes terminaron de descontar condenas en cárceles costarricenses por delitos de alto impacto como:

• La distribución y venta de cocaína
• Tentativa de homicidio
• Transporte ilegal de combustible
• Tráfico internacional de drogas.

Entre los deportados de se encontraba uno de origen colombiano, quienes las autoridades identificaron a este sujeto reincidente que ya había sido expulsado de Costa Rica en una ocasión anterior.

Ante estos casos, el incremento de estos operativos de expulsión y deportación responde de forma directa a la línea política dictada desde el Poder Ejecutivo. La mandataria Laura Fernández ha sido enfática sobre la seguridad en su país, posicionando el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia transnacional como el eje prioritario de su gestión.

La presidenta ha manifestado en reiteradas ocasiones su absoluto compromiso con la devolución de la tranquilidad a las comunidades costarricenses a través de una política de “mano dura”.

Para la administración de la presidenta Fernández, la articulación entre los cuerpos policiales y los controles migratorios severos representa una cruzada nacional donde no se bajará la guardia.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad han respaldado esta visión al afirmar que los operativos conjuntos envían un mensaje contundente de cero tolerancia: cualquier ciudadano extranjero que ingrese al país tico a cometer actos delictivos o a vulnerar la legislación vigente será procesado con rigurosidad y expulsado de manera irrevocable.

Con una reducción en los índices de criminalidad como meta principal, el gobierno ratifica que el control estricto de las fronteras y la expulsión de perfiles delincuenciales son piezas fundamentales para asegurar la paz del territorio nacional.