La ex presidente Cristina Kirchner utilizó el término inglés lawfare durante su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. La expresión se trata de una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra judicial” o “guerra jurídica”.
La expresión se suele acuñar para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario, para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.
Este neologismo aparece por primera vez en un artículo de 1975, escrito por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, titulado “Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity”. Ambos consideraron que la búsqueda de la verdad había sido sustituida por una especie de “guerra” llevada adelante en los tribunales
El primer estudio político sobre el término fue realizado por Charles J. Dunlap Jr., en un ensayo del año 2001 para el Harvard’s Carr Center. En ese trabajo, Dunlap definió el “lawfare” como “el uso de la ley como un arma de guerra”.
“Lawfare” significaría entonces la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra: “Elegido un sector, por ejemplo político, como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos”, explicó el abogado Maximiliano Rusconi.
El letrado, experto en derecho penal, añadió que para que el concepto posea vigencia práctica se requieren tres protagonistas: “El amigo oficialista que detenta el poder, el enemigo opositor al cual se le declara la guerra judicial y, por último, quienes conducen el emprendimiento bélico a favor del poder de turno, quienes ofrecen el alejamiento judicial de las normas como proyectiles (algunos miembros del sistema judicial)”.
El antropólogo de Harvard, John Comaroff, en su libro “Colonialismo, cultura y ley”, analizó el uso por parte de los países de Europa en África durante los siglos XIX y XX. En su análisis, concibe al “lawfare” como el uso de la ley para lograr la subordinación, la conquista o el control de poblaciones subalternas o, en general, de grupos menos poderosos, definiéndolo como “el esfuerzo por conquistar y controlar a los pueblos indígenas mediante el uso coercitivo de los medios legales”.
En 2007, Dunlap amplió su propio término. En un artículo de opinión publicado en el diario Washington Times, escribió que el “lawfare” era “la explotación de lo real, percibido, o incluso orquestando los incidentes de violaciones de las leyes de la guerra que se emplean como un medio no convencional de hacer frente a un poder militar superior”.
Aunque no hay una definición exacta del término en el Diccionario Inglés de Oxford, se puede resumir que “lawfare” refiere a la judicialización de la política en América Latina: distintos actores sociales, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación, proceden juntos en contra cierto espacio político, tanto oficialista como opositor, de acuerdo a su interés.
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