Lázaro Báez
Lázaro Báez

Mientras se define su situación en los juicios por la “ruta del dinero K” y en la causa de la obra pública, Lázaro Báez está al borde de sumar otro debate oral. El fiscal Guillermo Marijuán pidió este martes que el empresario sea juzgado por otra maniobra de lavado de dinero millonaria junto a dos de sus hijos, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. La Justicia tiene acreditado que Austral Construcciones recibió más de $110 millones cuando afrontaba una crisis interna y necesitaba fondos para cancelar deudas. En la maniobra habrían participado casi 20 sociedades.

En esa causa, una suerte de tercer capítulo de la ruta del dinero K (la segunda ya fue elevada), Báez está procesado por el juez Sebastián Casanello desde junio de este año. La resolución fue confirmada hace un mes por la Cámara Federal. Además del empresario, fueron procesados Martín y Luciana Báez y otras 15 personas.

La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas "sociedades afines a la intermediación financiera marginal" o "cuevas financieras".

Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de otra empresa de la familia Báez, M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios.

De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.

Para el fiscal, la maniobra de lavado está probada. “Mediante la conducta cometida por los imputados, se logró disimular el origen ilícito de los fondos con los que el grupo Báez se benefició, logrando ocultar su origen ilícito y dotándolos de apariencia de legalidad inyectándolos en el circuito legal y así evitar su trazabilidad por parte de las agencias de control del Estado”, dice en el requerimiento que firmó en las últimas horas.

En el caso de Báez, de sus dos hijos y del contador César Gerardo Andrés, Marijuán pidió que se aplique el agravante de “habitualidad”, previsto por el artículo 303 inciso 2° del Código Penal, que aumenta la pena del lavado de dinero.

La investigación arrancó en julio de 2016, a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación.

Algunas de las empresas utilizadas eran fantasmas. Una de ellas, Xhoris, figuraba a nombre de un cuidacoches que trabajaba en una esquina de la ciudad de La Plata y admitió ante la Justicia que firmó los papeles a cambio de dinero.

En otra de las firmas, Indigo SA, aparecía el abogado Jesús José Rodríguez Cimolai, que supo representar a la ex mujer de Báez. Esa firma -también investigada en la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)- hizo una transferencia de $2 millones (más de 150 mil dólares al cambio de ese momento) a Austral por la supuesta compra de hormigón. Cuando los investigadores allanaron el domicilio de la empresa, se encontraron con la madre y un hermano de Cimolai.