
La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento del empresario Lázaro Báez y dos de sus hijos, Martín y Luciana, por una maniobra que habría permitido inyectar más de $120 millones en las cuentas de Austral Construcciones, que necesitaba fondos para cancelar deudas. En ese expediente, conocido como “la ruta del dinero III”, el juez Sebastián Casanello investiga la participación de casi 20 sociedades, que depositaban sumas millonarias en las cuentas de otra empresa de la familia Báez, M&P, aunque el destino final era Austral.
La Sala II, integrada por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó la mayoría de los procesamientos dictados por Casanello, aunque redujo los montos de los embargos.
En cambio, el tribunal revocó los procesamientos de los empresarios Martín Saúl Batallé, Silvia Entín y Bernardo Alonso (de la empresa Recaudaciones Computarizadas SA) y dispuso su falta de mérito.
La investigación arrancó en julio de 2016, a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS).
La maniobra investigada, concentrada entre febrero y marzo de 2016, no podía hacerse sin la participación de las sociedades involucradas, técnicamente denominadas “sociedades afines a la intermediación financiera marginal” o “cuevas financieras”. Esas firmas, según la hipótesis de la Justicia, recibían el dinero en negro de Báez y lo giraban a la empresa M&P. Luego se simulaba una operación comercial para justificar el movimiento. De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.

Entre procesados, aparece el abogado Jesús José Rodríguez Cimolai, que supo representar a la ex mujer de Báez y también tenía un rol como empresario a través de la firma Indigo SA. Actualmente vive en Miami, donde se desempeña como profesor de crossfit, según consta en el expediente.
Para la Cámara Federal, no hay dudas sobre la responsabilidad de Lázaro y dos de dos hijos. “La magnitud del desempeño de M&P y sus agentes ha sido chequeada en el extenso trajinar de estos obrados e inclusive reconocido por sus actores, quienes tenían el dominio cognitivo de esos actos y diseñaron esta práctica cotidiana, cuyo designio fue encargarse de las percepciones de ACSA, ya que estaba paralizada”, dice el fallo.
Con los procesamientos confirmados, Báez se encamina a otro juicio oral por lavado. En la ruta del dinero K, se espera una sentencia para marzo o abril de 2020.
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