Los gobernadores de la oposición rechazaron las medidas económicas anunciadas tras las PASO: "Es una acción arbitraria y perjudicial"

Las últimas medidas de Mauricio Macri apuntando a "paliar" la crisis económica y a responder a la derrota electoral en las PASO fueron rechazadas por todos los gobernadores de la oposición que deliberaron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Aclararon, sin embargo, que no están en contra de medidas que tengan como objetivo "paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad".

Quienes consensuaron el reclamo fueron 18 gobernadores y el ministro de Hacienda en representación de Córdoba. Los mandatarios apoyan la intención oficial de atenuar los efectos sociales de la crisis, pero en un documento emitido hace instantes sostienen que la Casa Rosada actuó de "manera inconsulta y unilateral".

Varios gobernadores expresaron su sorpresa. "Hace tres años y nueve meses que mantenemos buen diálogo y esta vez nos enteramos por la prensa", le dijo a Infobae Juan Manuel Urtubey, que efectivamente desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri fue criticado por el kirchnerismo debido a su sintonía con la Casa Rosada.

El gobernador de Salta dijo además que en los once años y medio que lleva como gobernador "nunca vio algo así". "No es nuestra plata, es la plata de los salteños", agregó.

Similar es la situación del rionegrino Alberto Weretilneck, quien además hoy presentó un reclamo judicial, al igual que Neuquén, por el congelamiento de las naftas.

Los gobernadores de la oposición anticiparon además que, si no se da marcha atrás con los anuncios del Gobierno, la próxima semana irán a la Justicia.

Algunos, como el pampeano Carlos Verna, no querían esperar. Lo acordado es que los respectivos fiscales de Estado elaboren medidas cautelares para presentar la semana próxima. El instrumento legal obligaría a una respuesta en 48 horas. "Frente a una emergencia, amerita una solución urgente", le dijo a este medio el santiagueño Gerardo Zamora.

Por primera vez en mucho tiempo, los gobernadores coincidieron casi sin discutir más allá de sus diferencias partidarias y electoralistas. Agregaron en el documento de dos carillas de extensión: "Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos".

Para Salta, por ejemplo, los $1.100 millones que no percibirá equivalen al medio aguinaldo de diciembre. En Chubut hasta se podría emitir un bono, se rumoreó, aunque los jefes provinciales prefirieron esperar la respuesta del Gobierno antes de revelar cómo solucionarían esta compleja situación económica.

Hasta el CFI llegaron, después de mucho tiempo, todos los gobernadores peronistas excepto Juan Schiaretti. Desde Córdoba, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, arribó en su nombre el ministro de Hacienda, Osvaldo Giordano. Con su mochila al hombro, Giordano entró al salón del CFI cuando ya había empezado la reunión, y a su término caminó rápido unas cuadras para encontrarse con sus pares de todas las provincias en la Comisión Federal de Impuestos, donde se analizarían los números de la quita del IVA a ciertos productos de la canasta básica de alimentos.

Tampoco estuvo Alicia Kirchner; en su nombre participó el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González. 

Aunque no hizo declaraciones, el primero en llegar fue el tucumano Juan Manzur, que trabaja en sintonía con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. Después el santiagueño Zamora, que el sábado visitó a Fernández, y más tarde los demás gobernadores: Gildo Insfrán (Formosa); Lucía Corpacci (Catamarca); Sergio Casas (La Rioja); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Domingo Peppo (Chaco), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

No faltó ningún opositor no peronista: Miguel Lifschitz (Santa Fe); Hugo Passalacqua (Misiones) y los ya nombrados Weretilneck y Gutiérrez. Aunque ingresó por una entrada reservada, estuvo Mariano Arcione de Chubut.

En el texto acordado se habló de "paz social". Fue algo que repitieron los voceros de la cumbre. Lo dijeron desde Weretilneck, que coincidió en prometer "garantizar la gobernabilidad", a Uñac, que aseguró que desde el lado de las provincias "siempre va a haber diálogo y colaboración" a pesar de manifestar que hace seis meses intenta conversar, sin éxito, con el ministro Guillermo Dietrich.

Por eso aguardarán para ir a la Justicia hasta al menos el lunes próximo. En ese marco varios manifestaron que está roto el diálogo. Verna llegó molesto porque no fue convocado al encuentro de provincias productoras de hidrocarburos, mientras que Urtubey reveló que ayer recibió un mensaje del ministro Rogelio Frigerio para salvar el "olvido" por el que Salta no se incluyó tampoco en ese encuentro, y cuando recibió la comunicación no había tiempo de sumarse. 

La queja común fue por la quita de partidas que corresponden constitucionalmente. Incluso, explicó Zamora, "se viola el pacto fiscal firmado el 16 de noviembre del 2017 y la adenda firmada el año pasado". Uñac enumeró todo lo que resignaron, como juicios de los que desistieron, los subsidios al transporte y la no suba de Ingresos Brutos en las provincias.

Hubo de todos modos algún reconocimiento hacia el nuevo ministro Hernán Lacunza por su convocatoria a los referentes de todos los espacios que compiten electoralmente. Y una crítica común: "No se resuelve el problema estructural".

Cuando los gobernadores ya se habían retirado del CFI, el Ministerio del Interior envió a un secretario y un subsecretario, Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero a conversar con los ministros de Hacienda que estaban reunidos como lo hacen periódicamente. En Balcarce 50 hacen otras cuentas.

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