Un total de 18 personas fueron condenadas a penas de hasta 10 años de prisión por delitos relacionados con la comercialización de drogas en las inmediaciones de establecimientos comerciales y centros educativos de San Miguelito, en Panamá.
Las sentencias fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas como resultado de la Operación Escudo, durante la cual las autoridades encontraron sustancias ilícitas ocultas en dulces y diferentes tipos de estupefacientes.
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El operativo, desarrollado el miércoles 11 de noviembre, permitió la captura de 20 personas, entre ellas 19 hombres y una mujer, mediante intervenciones simultáneas en los nueve corregimientos del distrito de San Miguelito.
Las investigaciones comenzaron en julio de 2026, cuando las autoridades identificaron actividades relacionadas con la distribución de drogas al menudeo en los alrededores de escuelas, canchas deportivas, establecimientos comerciales y un centro comercial.
El despliegue fue encabezado por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, acompañado por el fiscal de Drogas Julio Villarreal y unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.
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Según información divulgada por el diario El Siglo, las autoridades desarrollaron 14 operativos y ocho allanamientos, durante los cuales también fueron localizados equipos de comunicación, armas de fuego y dinero previamente marcado.
Los procedimientos abarcaron comunidades como El Poderoso, Santa Marta, Torrijos Carter y Cerro Batea, además de sectores residenciales de Samaria, Mano de Piedra, Cerro Viento, El Crisol y Villa Lucre.
Entre los indicios recuperados durante las intervenciones figuraban drogas sintéticas, cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo que fueron incorporados a las diligencias de investigación penal.
El hallazgo de sustancias ilícitas ocultas en dulces adquiere especial relevancia por la proximidad de los puntos de venta a instalaciones educativas y espacios deportivos frecuentados por niños y adolescentes del distrito.
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Las condenas fueron impuestas después de que 18 de los detenidos aceptaran su responsabilidad penal durante las audiencias, en las que la Fiscalía presentó los elementos de convicción que sustentaban los cargos formulados.
En Amelia Denis de Icaza, dos personas recibieron condenas de 80 y 86 meses de prisión, mientras que otros dos detenidos en Omar Torrijos Herrera fueron sentenciados a 80 y 120 meses.
Una persona capturada en Belisario Porras recibió una condena de 84 meses de encarcelamiento, mientras que cuatro detenidos en Belisario Frías fueron sentenciados a penas de 84 y 86 meses de prisión.
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En José Domingo Espinar, cinco personas fueron condenadas individualmente a 86 meses de cárcel, mientras que dos detenidos en Mateo Iturralde deberán cumplir penas de 82 meses de prisión cada uno.
Otros dos detenidos en el corregimiento de Arnulfo Arias recibieron condenas de 84 y 120 meses, respectivamente, por delitos relacionados con la venta, comercialización y posesión simple de sustancias ilícitas.
Paralelamente, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos obtuvo una condena de 14 años de prisión contra un hombre por venta agravada de estupefacientes, como resultado de la Operación Impacto Escolar.
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El sentenciado fue capturado en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, tras ser vinculado con la comercialización de sustancias ilícitas en las inmediaciones de una cancha de fútbol y frente a un centro escolar.
De acuerdo con el Ministerio Público, el hombre era reincidente en este delito y figuraba entre las personas más buscadas de la operación desarrollada en julio de 2026 para combatir el microtráfico.
Durante la audiencia, el detenido aceptó su responsabilidad después de que la Fiscalía presentara los elementos de convicción recabados durante las investigaciones, lo que permitió al tribunal imponer la sentencia condenatoria.
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Ambas operaciones forman parte de las acciones emprendidas por las autoridades panameñas contra la distribución minorista de estupefacientes, con especial atención a los puntos de comercialización cercanos a instalaciones educativas y espacios comunitarios.
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