
La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación ordenó las primeras medidas de prueba para analizar si el juez federal Luis Rodríguez incurrió en mal desempeño y debe ser removido de su cargo.
Durante el debate entre los consejeros,que se extendió sólo 10 minutos, se acordó no convocar a declarar -al menos por ahora- a Carolina Pochetti, la arrepentida de la causa de los cuadernos que aseguró que Rodríguez recibió una coima de USD 10 millones para beneficiar a su difunto esposo y ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz. Sí aprobaron pedir su declaración como arrepentida al juez Claudio Bonadio.
El encuentro fue presidido por el senador peronista Miguel Pichetto, quien propuso -y hubo acuerdo que el consejero académico Diego Molea concentre como instructor las cinco denuncias ingresadas desde noviembre pasado, en relación a la actuación de Rodríguez en la causa por presunto enriquecimiento y lavado contra Muñoz, Pochetti y su entorno, y a la declaración como arrepentida de la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner. Dos de esas denuncias son de la Coalición Cívica, dos del abogado Ricardo Monner Sans, y una del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que fue presentada ayer.

Entre las medidas de prueba que se aprobaron por mayoría, se votó solicitarle al Banco Central el detalle de las cuentas del magistrado denunciado, incluidos sus movimientos, así como de sus tarjetas de crédito. También pedirle un informe a la Unidad de Información Financiera (UIF) para conocer si hubo algún Reporte de Operación Sospechosa de Rodríguez, y notificarlo -por el artículo 11 del Reglamento- a Rodríguez de la investigación iniciada.
Se acordó asimismo incorporar al expediente disciplinario una copia certificada de la declaración de Pochetti en la causa iniciada por las anotaciones de Oscar Centeno, que instruye Bonadio.
También se acordó pedir copias certificadas de la resolución de la Cámara Federal que dispuso separaa a Rodríguez de la causa contra Muñoz y su viuda por enriquecimiento y lavado, de las actuaciones de Bonadio en este expediente, así como de la exención de prisión con la que el magistrado había beneficiado a Pochetti en ese expediente.
En paralelo, se aprobó pedir y abrir las declaraciones juradas de Rodríguez, requerir a la Dirección de Migraciones datos sobre los viajes realizados por el magistrado, e informes al Registro de la Propiedad Inmueble y Automotor de Provincia y Capital del juez y su esposa.
"Se decidió unificar todas las denuncias. Por parte de este organismo, los tiempos van a ser los más rápidos posibles. Ya hemos dado hoy una clara demostración de ello. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que el Consejo no tiene potestades jurisdiccionales como para llevar una causa penal, pero sí puede recibir declaraciones juradas", precisó Molea luego de la reunión.
Los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones fueron los únicos que plantearon disidencias, al rechazar que el Consejo pida al Banco Central datos de las cuentas bancarias y tarjetas del magistrado. En diálogo con Infobae, explicaron que si bien no se oponen a que la Comisión tenga en cuenta esa información, por el secreto fiscal, esa información la debería pedir un juez. "No creemos que el Consejo funciones jurisdiccionales para pedir informes financieros y bancarios al Banco Central", sostuvo Lugones, quien planteó la objeción en la reunión. Culotta adhirió a esa disidencia por los mismos motivos.
Le respondió el diputados del PRO Pablo Tonelli, quien recordó que este tema ya se había debatido al tratar la investigación contra el ex camarista destituido Eduardo Freiler, y había sido saldado en favor de que el Consejo pueda contar con amplias facultades de investigación. "No aceptamos la doctrina Freiler", le dijo Lugones a Infobae al finalizar.
A la par del expediente administrativo, se abrió una causa penal para investigar si Rodríguez recibió la coima denunciada por Pochetti.
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