
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, rechazó hoy la imputación penal en su contra por desvincular al presidente Mauricio Macri en el expediente que tramita la deuda que el Correo Argentino -empresa de la que es propietaria la familia presidencial- mantiene con el Estado argentino.
Infobae reveló que la fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa a instancias de una denuncia que presentaron diputados nacionales contra la funcionaria de la OA, por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.
A través de su cuenta personal de Twitter, Alonso defendió este martes su actuación en la OA y rechazó las acusaciones: "De todas las imputaciones que me han hecho desde 2016, más tarde o más temprano, he sido sobreseída. Estoy a disposición de la Justicia como siempre para explicar lo que sea necesario".
De todas las imputaciones que me han hecho desde 2016, más tarde o más temprano, he sido sobreseida. Estoy a disposición de la justicia como siempre para explicar lo que sea necesario
— Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) November 13, 2018
Según esta denuncia, la ex diputada del PRO intentó desligar las responsabilidades de Macri, el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.
Los representantes del Poder Ejecutivo habían intervenido en el acuerdo con el Correo Argentino sobre la deuda, que implicó una quita del 98,2% del dinero original. Ese convenio -que finalmente fue retirado por orden del Presidente tras las duras críticas- fue considerado como abusivo y perjudicial por la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín.
Sin embargo, la titular de la OA sostuvo en su dictamen de junio pasado que ninguno de los tres cometió alguna falta ética. Por esa actuación es que los diputados Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau impulsaron la denuncia penal.
La causa del Correo Argentino se remonta al año 2001, cuando la empresa dejó de pagar el canon por la privatización y contrajo una deuda original por 296 millones de pesos. De acuerdo a los cálculos de la fiscal Boquín, la condonación abortada alcanzaba los $4.227 millones.
Antecedentes
Desde que llegó a la función, Laura Alonso tuvo varias denuncias penales en contra y fuertes críticas de parte de la oposición y de especialistas por su labor ante la Oficina Anticorrupción. Pero como señaló en su tuit, hasta ahora terminó sobreseída en cada una de las imputaciones.
Una de las más recientes fue la causa que cerró el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en donde se investigaba si la funcionaria pudo haber incurrido en un supuesto abuso de poder ya que el organismo bajo su órbita se había presentado como querellante en diferentes causas contra el kirchnerismo. "No pudo tenerse por acreditada ninguna conducta ilícita", dijo el juez.
Otra de las denuncias que se descartaron fue la que llevó adelante el senador Fernando "Pino" Solanas, cuando acusó al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, y Alonso por un presunto conflicto de intereses en la designación del subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini. El juez federal Sebastián Ramos resolvió que había inexistencia de delito en todos los casos.
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