Los venezolanos detenidos durante los incidentes en el Congreso negaron las acusaciones y aportaron un video

Los hermanos venezolanos que fueron detenidos en la zona del Congreso por presuntos delitos cuando la Cámara de Diputados debatía el mes pasado el Presupuesto se presentaron hoy en la Justicia y además de negar los hechos aportaron un video del momento en el que fueron detenidos en donde se ve que no están cometiendo ningún incidente.

Fuentes judiciales le informaron a Infobae que Felipe Uleo, de 31 años, y su hermano Víctor, de 23, se presentaron esta mañana a indagatoria ante el fiscal penal, contravencional y de faltas de la ciudad Federico Tropea para declarar por los delitos de daños, resistencia y atentado contra la autoridad.

Los hermanos Uleo y otros dos extranjeros fueron parte de los 26 detenidos que hubo el 24 de octubre, entre ellos periodistas de la revista La Garganta Poderosa. La situación de los extranjeros la puso el gobierno de Mauricio Macri en primer plano porque al día siguiente el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que iban a buscar la forma de expulsarlos del país "lo más rápido posible" por haber cometido delitos.

Luego se supo que su situación migratoria en el país es legal -tienen residencia y documento de identidad- y que la ley de migraciones señala que sin irregularidades en el ingreso a Argentina para expulsar a un extranjero se debe tener una condena penal, por lo que se debía esperar la resolución judicial. Los otros dos extranjeros detenidos ese día declararán el lunes.

Los hermanos venezolanos fueron detenidos en las calles Lima y Carlos Calvo por arrojar piedras y otros elementos a la policía, según el sumario de la fuerza que envió a la Justicia. Felipe y Víctor Uleo y los restantes 24 detenidos fueron demorados esa madrugada y se les inició una causa penal.

Se presentaron ante el fiscal y negaron las acusaciones. Señalaron que viven cerca del Congreso y que esa tarde salieron de su casa y al ver la manifestación se acercaron por curiosidad para ver de qué se trataba y que siempre se quedaron detrás de las vallas. Pero que desconocían que ese día había una marcha.

Negaron haber arrojado piedras y contaron que en un momento policías en motos aparecieron por detrás y los arrestaron. También señalaron que nunca se resistieron a la detención. Para sostener sus dichos aportaron un video publicado en redes sociales en el que se ve que cuando los detienen no estaban arrojando piedras. Luego contestaron las preguntas de la Fiscalía.

La defensa de los Uleo, a cargo de la defensora oficial de la ciudad, Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, también aportó documentación que da cuenta de que la situación migratoria de los hermanos en el país es legal, los documentos que presentaron cuando ingresaron a Argentina e informes sobre la falta de antecedentes penales acá y en el extranjero.

Ambos tienen su residencia temporal por dos años y DNI argentino. "Con esto se comprueba que ellos siempre se preocuparon por regularizar su situación migratoria desde un principio y que residen de manera completamente legal en el país", sostuvo su defensa a través de un comunicado.

La defensa pidió como medida de prueba las filmaciones del día del hecho de las cámaras de seguridad del edificio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que está a metros de donde los hermanos fueron detenidos. Pero ENACOM informo que no las tienen porque ya fueron regrabadas ya que trabajan con ese sistema. También fueron pedidas al Centro de Monitoreo Urbano las grabaciones de los domos del recorrido que los hermanos declararon que hicieron. Ese pedido todavía no fue contestado.

Al rechazar las acusaciones quedó descartada la posibilidad de que la Fiscalía y los acusados hagan un juicio abreviado. Eso es cuando se reconoce haber cometido el delito y se pacta una pena para evitar el juicio. El gobierno nacional había dicho que buscaba esa posibilidad para acelerar la expulsión. Pero el juicio abreviado es solo entre las partes del caso y el Código Procesal de la ciudad le veda al Estado la posibilidad de ser querellantes cuando el fiscal tiene a su cargo la acción.

La Justicia ahora trabaja en comprobar las imputaciones contra los acusados. La prueba principal son la filmaciones. El Cuerpo de Investigación Judicial (CIJ) del Ministerio Público está analizando las grabaciones que ya tienen -esperan más- pero todavía no están los resultados. "Va a llevar todavía un tiempo", le dijo a Infobae una fuente que trabaja en el caso.

De allí va a surgir si los detenidos eran efectivamente quienes arrojaron piedras contra la Policía, rompieron bancos de la Plaza de los Dos Congresos y quemaron tachos de residuos.

De los 26 detenidos, hasta ahora declararon 11. Los restantes lo harán la semana que viene, entre ellos el ciudadano turco Anil Baran y el paraguayo Luis Fretes que están citados para el lunes.