La banda de los ex compañeros de la facultad de Baratta: todos procesados y uno detenido

Apenas desembarcó en el Ministerio de Planificación, Roberto Baratta decidió convocar a sus ex compañeros de facultad. El economista Walter Fagyas, Juan Marcelo Vargas, y el abogado Luis Vitullo no dudaron en saltar a la función pública. Hoy, los tres están procesados por actos de corrupción en diferentes causas judiciales y su patrimonio está en la mira. "Todos estudiaron juntos en la Universidad Nacional de Luján, eran simples muchachos de barrio y sin un peso. Fagyas vivía en unos monoblock", reveló una fuente que conoce la génesis del grupo.

Fagyas es economista y fue asesor de Baratta desde 2004 hasta 2013. En los papeles, se encargaba del seguimiento diario del despacho de gas y electricidad, pero el juez Claudio Bonadio lo acaba de procesar con prisión preventiva como una de las personas que transportaba los bolsos con dinero. "Participaba activamente del proceso de recaudación", dice la extensa resolución.

En la causa de los cuadernos, donde es defendido por el abogado de Baratta, Juan Pablo Alonso, también se lo acusa por la tenencia ilegal de un revólver calibre .22, marca Taurus, encontrado en el allanamiento a su casa.

Cuando declaró, Fagyas confirmó que tenía una relación de amistad con Baratta "de más de 20 años". De hecho, es el padrino del hijo de su ex jefe. De esa manera trató de explicar los encuentros en los domicilios privados y los viajes compartidos en autos oficiales.

En 2013, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, Fagyas fue ascendido como presidente de ENARSA.

En otro expediente, donde se investiga el patrimonio de Baratta y de sus familiares cercanos, la Justicia puso la lupa sobre los bienes Fagyas y detectó que compró dos departamentos a estrenar junto a la mujer de su ex jefe, Dalina Bielle.

Juan Marcelo Vargas también compartió la Facultad con Baratta y terminó como funcionario: durante toda la era K trabajó en la delegación Buenos Aires del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT). Ingresó en 2003, de la mano de Baratta, y pronto se convirtió en el "enlace" con el Ministerio que comandaba Julio De Vido: tenía que gestionar compras y licitaciones millonarias. Pero se encargaba de otros "negocios".

En febrero, el juez Luis Rodríguez lo incluyó entre los procesados por los desvíos millonarios detectados en YCRT. Vargas está acusado de ser partícipe necesario del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una administración pública.

También aparece de manera circunstancial en los cuadernos de Oscar Centeno: el 6 de julio de 2015, el chofer anotó que Baratta y Nelson Lazarte tenían previsto viajar a Río Turbio, "donde hay muchas cosas turbias con Juan Vargas a la cabeza".

Infobae reveló que Vargas se construyó una mansión en el mismo barrio privado elegido por Baratta. La casa tiene 477 metros cuadrados cubiertos, sobre un lote de 1.225.

En el expediente de los cuadernos consta que Vargas fue testigo del allanamiento a la casa de Baratta, ubicada a pocos metros.

El patrimonio de Vargas no se reduce a la casa del barrio Mapuche, donde vive con su actual mujer, sino que se extendería por varias provincias. Tras la revelación de este sitio, el fiscal Guillermo Marijuán lo denunció por enriquecimiento ilícito. La causa quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello, que ya pidió varias medidas de prueba.

El último en la lista de ex compañeros universitarios de Baratta es el abogado Luis Vitullo, que ya suma al menos dos procesamientos por su paso por la función pública.

El ex director general de Administración de Planificación integra el listado de procesados por las irregularidades detectadas en la financiación de la telenovela "Mamá Corazón", a cargo de la productora de Andrea del Boca, y de otras producciones audiovisuales financiadas por la cartera que estaba a cargo de De Vido.

El año pasado, Vitullo ya había sido procesado por el juez Sebastian Casanello en otro expediente que investiga el manejo de la "caja chica" de Planificación. En esa causa se hallaron presupuestos apócrifos, sobreprecios, facturas emitidas con anterioridad al pedido de autorización del gasto, y adquisición innecesaria de bienes, durante el segundo semestre de 2015.