El juez federal Sebastián Casanello convocó a prestar declaración indagatoria a la senadora Cristina Kirchner para el 18 de septiembre a las 10, en el marco de la causa por la ruta del dinero K. El magistrado tomó la decisión luego del fallo de la Cámara Federal que la semana pasada dispuso que se ordene indagar a la ex presidente.
Casanello no se refirió al grado de sospecha sobre la conducta imputada a la ex presidente exigido por el Código Procesal Penal y se limitó a transcribir algunos párrafos del fallo de la Cámara Federal que le ordenó que convoque a la actual senadora.
En ese fallo, el camarista Martín Irurzun sostuvo: "Para expresarlo de manera clara y sencilla, en todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández".
El juez Casanelllo le pidió a la Cancillería que arbitre los medios necesarios para incorporar a la causa -a la mayor brevedad posible- las actas de las declaraciones testimoniales que prestaron en Estados Unidos abogados del estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en febrero de este año. Esa firma representó a la Argentina en el litigio que mantuvo con los fondos buitres durante el gobierno de Cristina Kirchner. Esos acreedores habían iniciado un proceso en la Justicia de los Estados Unidos con el fin de encontrar sociedades comerciales y cuentas vinculadas con el kirchnerismo en aquel país para embargarlas y cobrar la deuda.
La información sobre esa causa era enviada por el bufete estadounidense a la Argentina y quedó en la Procuración del Tesoro, en ese momento a cargo de Angelina Abbona, y se incorporó al expediente de la ruta del dinero K recién con el cambio de gobierno.
En febrero de este año, tal como lo había adelantado en ese momento Infobae, el juez Casanello y el fiscal Carlos Rívolo viajaron a Estados Unidos para interrogar a los abogados del estudio de Nueva York que representaba a la Argentina para saber si habían recibido alguna directiva por parte de la administración kirchnerista sobre qué debían hacer con la información a la que accedían en el litigio con los fondos buitre.
Casanello dispuso además que la AFIP acelere el análisis de la documentación encontrada en las oficinas del financista K Ernesto Clarens.
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