
Tras una audiencia desarrollada este miércoles, el Juzgado Penal y Contravencional N°15 decidió excarcelar a Braian Paiz y Ezequiel Pereyra, los acusados de venderle cocaína a Liam Payne, el ex cantante de One Direction.
La jueza Karina Andrade dispuso la “inmediata libertad” de ambos tras los planteos de sus defensas, a cargo de los abogados Augusto María Cassiau y Fernando Madeo Facente, y planteó una serie de condiciones. Les impuso la “obligación de informar lugares de concurrencia habitual por estudio y trabajo”, presentarse en Tribunales en la primera semana de cada mes, les prohibió salir del país y -en el caso de Pereyra- acercarse a nueve testigos del caso.
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Payne murió el 16 de octubre de 2024, en medio de una crisis de salud mental supuestamente provocada por el consumo de alcohol y de grandes cantidades de la droga. Cayó al vacío del balcón de su habitación en el hotel CasaSur de Palermo.
Para entender la nueva decisión de la Justicia, en un caso todavía sin fecha de juicio definida, es clave entender el viaje hasta aquí.
Paiz, un ex camarero oriundo de Berazategui al que conoció en una parrilla de Puerto Madero, acudió al Casa Sur para entregarle cocaína: su defensa, históricamente, negó la venta. Pereyra, oriundo de Villa Albertina, Lomas de Zamora, era un empleado de mantenimiento del hotel. Conoció al cantante al entregarle un room service de ocho minibotellas de whisky. Un berrinche del cantante, que le exigió cocaína bajo amenaza de hacerlo despedir, lo hizo regresar al Casa Sur con droga poco después.
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Así, Paiz y Pereyra -acusados del delito de entrega de estupefacientes a título oneroso- atravesaron el espinel casi draconiano del sistema penal.
Mientras los imputados originales -Gilda Martín y Esteban Grassi, gerentes del CasaSur presentes el 16 de octubre, así como el empresario Rogelio Nores, el principal vínculo de Payne en el país- eran sobreseídos, el camarero y el empleado de mantenimientos permanecieron en comisarías porteñas y en el penal de Marcos Paz bajo prisión preventiva. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.
La medida, decidida por la jueza Laura Bruniard, fue sostenida por la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional, que argumentó un peligro de fuga y la chance de que ambos acusados amenazaran a los testigos. Hoy, irónicamente, Martin y Grassi -jefes de Pereyra según su testimonio- son testigos del proceso a los que el ex empleado del Casa Sur no se puede acercar.
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La causa fue elevada a juicio en el fuero de instrucción. Recayó en el Tribunal N°30, a cargo del juez Sergio Paduczak, que determinó la prisión domiciliaria de ambos pero denegó, por ejemplo, que Pereyra sea excarcelado para trabajar y así ayudar a mantener a su familia. Finalmente, el Tribunal se declaró incompetente: el delito que se investiga corresponde al fuero contravencional porteño.

Qué dijo la querella de la ex Liam Payne
Si son hallados culpables, podrán ser condenados a una pena de 4 a 15 años de prisión, igual que un capo narco. La nueva fiscalía acusadora del caso en el fuero porteño se opuso a que sean excarcelados. “La oposición de la fiscalía a la excarcelación se basa centralmente en la pena en expectativa, un mínimo de cuatro años y la imposibilidad de que en caso de recaer condena sea en suspenso”, afirmó la jueza Andrade en su fallo.
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Hay una querella en el caso, a cargo de un reconocido estudio de abogados local. Está en cabeza de Cheryl Cole, ex pareja de Payne, en representación de Bear, el hijo de ambos. A lo largo del expediente, la querella de Cole no planteó medidas agresivas. Semanas atrás, apuntó que solo se limitaría a que se preserve el buen nombre y honor de Payne, tal vez con la preocupación de filtraciones escandalosas en la prensa internacional.
Ahora, la jueza Andrade valoró “la postura de la querella que no tuvo oposición al pedido de la defensa”. Básicamente, no tuvieron problema alguno con las excarcelaciones de los acusados.
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Los argumentos de la jueza
La jueza Andrade liberó a Paiz y Pereyra porque considera que no hay chance alguna de que se fuguen o entorpezcan el proceso en su contra.
Con respecto al riesgo procesal que argumenta la fiscalía, Andrade afirmó en su fallo que “no ha sido sostenido ni acreditado por el Ministerio Publico Fiscal en esta audiencia, con lo cual no puede así valorarlo”. “La fiscalía no logro traer al tribunal elementos que permitan descartar que con medidas cautelares menos gravosas el riesgo procesal pueda neutralizarse”, continuó.
La conducta de Paiz y Pereyra durante sus detenciones “ha sido intachable”: la jueza los calificó de “personas jovenes sin comportamiento procesal defectuoso”.

“En consecuencia, ante la falta de elementos contundentes y objetivos por parte de la fiscalía, que permitan proyectar un riesgo de fuga incapaz de ser neutralizado por una medida menos gravosa, luego de tres (3) meses de arresto domiciliario con un comportamiento adecuado”, Andrade decidió que las tobilleras electrónicas de ambos sean removidas.
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Ambos “mantendrán su libertad siempre que la Cámara no revoque esta decisión, pues la fiscalía puede apelar o siempre que cumplan con las pautas que se le impondrán a cada uno hasta la realización del juicio”, aseveró.
En paralelo, la defensa de Paiz insiste con que el ex camarero no le vendió droga a Payne, sino que se la regaló, un argumento que la jueza Andrade rechaza en base a los votos de las instancias anteriores.
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