Con pocos legisladores presentes, volvió a sesionar la Comisión Bicameral del ARA San Juan

Minutos después de las 11 del martes 19 de junio, la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del ARA San Juan consiguió un agónico quórum. De los 12 legisladores que la integran, solo cuatro se hicieron presentes y nada más que tres llegaron al final de las testimoniales. Solo Guillermo Montenegro, Guillermo Carmona y Magdalena Odarda se encontraban en sus asientos en la sesión vespertina en la que el capitán Gabriel Attis dio su testimonio. El propio Montenegro, a cargo de la presidencia por ausencia de su titular José Ojeda, le tuvo que implorar a Odarda, quien se aprestaba a abandonar el recinto, que volviera a su asiento porque con menos de tres legisladores no se podía sesionar.

También participaron tres de los asesores técnicos especialmente nombrados para acompañar a los legisladores. Entre ellos, el oficial superior de la Marina Mercante Argentina, el capitán de ultramar Marcelo Covelli, quien protagonizó un duro cruce con uno de los declarantes en torno a datos técnicos. Covelli es un experto en materia de búsqueda y rescate y a su vez es profesor de una de las escuelas de formación superior que funciona bajo la órbita de la Armada.

El primero de los declarantes, el contraalmirante Marcos Henson, actual comandante del Área Naval Austral, brindó la más breve declaración de las prestadas hasta el momento. No por reticencia de su parte, sino porque al momento del siniestro se desempeñaba como director de personal y, por lo tanto, no se encontraba en la cadena de mandos con responsabilidad sobre la operación del submarino. Sus actuales funciones también lo dejan fuera de todo el proceso posterior de toma de decisiones en cuanto a la búsqueda de la nave.

Con paciencia, repitió en más de una oportunidad cuál era su cargo al momento de la tragedia y cuál en la actualidad. Y cuando consultó por qué había sido citado, se le explicó que se lo convocaba por su "función en el área de capacitación", una tarea en la que Henson no tiene ni tuvo responsabilidad, más allá de haber sido hace un par de años atrás comandante de la Fragata Libertad.

Bastaron 23 minutos y 44 segundos para que los legisladores se dieran cuenta de que nada tenían para preguntarle al oficial naval, quien en definitiva terminó respondiendo sobre generalidades del servicio naval de la misma forma en que lo podría haber hecho cualquiera de los otros oficiales citados.

Por otra parte, el actual comandante de la Fuerza de Submarinos, el capitán de navío Attis, fue requerido por la Bicameral por sus cargos actuales, pero también por haber sido especialmente convocado por el ex inspector general de la Armada, el contraalmirante Lezana, como especialista en submarinos en diciembre de 2016. En ese momento se confeccionó el lapidario informe sobre el estado general del San Juan. Según el ex jefe de la Armada, el almirante Srur, el documento debería haber determinado que la nave no saliera a navegar antes de ser sometida a reparaciones.

En una hora y 20 minutos, Attis intentó despejar varias cuestiones planteadas mayoritariamente por la senadora Odarda y el diputado Carmona. Los interrogantes tuvieron que ver con el informe de aptitud para navegar, que aparentemente el comandante del submarino, Pedro Fernández, habría firmado de conformidad (no hay copia del mismo en ninguna dependencia naval). También hubo preguntas sobre la prolongada extensión del plazo reglamentario para hacer mantenimiento a la nave fuera del agua (18 meses) y los 45 que habían transcurrido desde el último servicio.

Visiblemente molesto, Attis se sorprendió cuando la senadora Odarda le leyó parte de sus propias declaraciones ante la Jueza de Caleta Olivia Marta Yañez. "Pensé que mis declaraciones estaban amparadas por el secreto del sumario" manifestó. Pero se le hizo saber que salvo aquello que sea secreto militar, todo lo demás está en poder de los legisladores.

El punto más flojo de la declaración del experto submarinista tuvo que ver con el estado general de las válvulas de casco de la unidad, las que según el propio capitán Pedro Fernández presentaban inquietantes filtraciones de agua desde el mar exterior al interior de la nave. Lo mismo aplica para el caso de la llamada válvula E19, que aparentemente podría haber causado el ingreso de agua de mar a los bancos de baterías.

Attis intentó explicar que, dado el estado de las llamadas válvulas de casco, se había limitado la profundidad de inmersión del San Juan a no más de 100 metros. La senadora Odarda quiso saber en qué estudio técnico se determinó que fueran 100 metros y no otro valor. Sin respuesta concreta, desde el banco de asesores uno de los propios expertos navales que integran el equipo técnico ensayó una explicación que no satisfizo a la legisladora.

Un duro momento se vivió cuando Attis no pudo responder el requerimiento de otro asesor, el capitán Covelli, quien lo inquirió sobre el estado de la boya de emergencia, la que al decir del experto asesor no estaría ni homologada ni probada por los propios organismos técnicos de la Armada.

Tras la sesión, algunos de los familiares presentes manifestaron a Infobae: "No es lo que esperábamos, nos hubiera gustado un poquito más de compromiso por parte de diputados y senadores. En más de un momento temimos que se levantaría la sesión. ¿De qué sirve que los militares hablen si nadie los escucha?".

Para el próximo jueves está previsto que los legisladores visiten en las instalaciones del complejo industrial CINAR, al submarino ARA Santa Cruz, gemelo del San Juan, a efectos de recorrerlo y tomar contacto con varios de los elementos cuyo funcionamiento defectuoso podría haber causado la tragedia. A pesar del feriado de hoy, un grupo de Maquinistas Navales de la Marina Mercante trabajarán en los aspectos generales en que los legisladores deberán poner mayor atención.

La pregunta por hacer

Para la próxima sesión de la comisión quedó reservada una de las preguntas fundamentales: cuál es el procedimiento que habitualmente se seguía cuando el San Juan u otro buque de la flota de mar detectaba un pesquero en infracción. Prefectura Naval indicó oportunamente que la flota de mar no le reportaba las observaciones sobre pesqueros ilegales, como para que puedan ser capturados o multados.

Por otra parte, no hay registros en los últimos años de capturas de pesqueros realizados por la Armada. Extraoficialmente algunas fuentes navales indican que la tarea tanto del submarino como la de la flota de mar no es detener a los infractores, sino individualizarlos para informar posteriormente a la Cancillería y a demás autoridades responsables de la actividad pesquera. Pero eso deberá ser aclarado debidamente en el Congreso, dicen los legisladores.