Bolivia cumple 22 días de bloqueos y protestas mientras el Gobierno intenta frenar la crisis con una mesa de diálogo

Bolivia continúa sumida en una crisis marcada por bloqueos de carreteras, marchas y protestas contra el presidente Rodrigo Paz, mientras el Gobierno intenta abrir negociaciones para frenar un conflicto que ya lleva 22 días y afecta el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en varias regiones del país.

Las movilizaciones, lideradas por sindicatos campesinos, organizaciones obreras y grupos vinculados al ex presidente socialista Evo Morales, mantienen interrumpidas decenas de carreteras y continúan presionando por la renuncia del mandatario, que lleva poco más de seis meses en el poder.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras informó que existen al menos 70 puntos de bloqueo distribuidos en seis de los nueve departamentos del país. Los principales focos de conflicto se concentran en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí.

En paralelo al aumento de la tensión social, el oficialismo y sectores opositores intentan impulsar conversaciones para desactivar el conflicto. Uno de los espacios de negociación fue convocado por el vicepresidente Edmand Lara, quien también preside la Asamblea Legislativa y mantiene diferencias políticas con el Ejecutivo.

A ese encuentro asistieron representantes parlamentarios, dirigentes sociales, miembros de la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y funcionarios del Gobierno nacional.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Ejecutivo mantiene disposición al diálogo. “Llegamos a este espacio con la esperanza y la convicción de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones”, expresó.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Paz encabezó otra mesa de trabajo junto a representantes económicos y sociales para discutir medidas urgentes frente al deterioro de la situación interna y las consecuencias económicas de las protestas.

Pese a esos intentos, las movilizaciones continuaron en las calles de La Paz. Durante esta jornada, organizaciones campesinas volvieron a marchar por el centro político de Bolivia encabezadas por mujeres aimaras que llevaban cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica y del descontento social.

Virginia Antiñapa, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz, acusó al Gobierno de marginar a los sectores sociales tradicionales. “Cada Gobierno siempre ha coordinado con las organizaciones sociales para su gobernabilidad, pero este Gobierno no nos ha hecho caso, nos ha discriminado”, afirmó.

La dirigente sostuvo además que el presidente incumplió compromisos asumidos con las organizaciones campesinas durante la campaña electoral, motivo por el cual exigen su salida del poder.

A las protestas campesinas se sumó también el paro indefinido impulsado por sindicatos de transportistas de La Paz. Los conductores instalaron bloqueos urbanos para denunciar la falta de combustible, una situación agravada precisamente por el cierre de rutas en distintas regiones del país.

La combinación de cortes de carreteras y protestas urbanas alteró seriamente la movilidad en La Paz y El Alto. Miles de personas debieron trasladarse caminando o permanecer durante horas en filas para acceder al sistema de teleféricos que conecta ambas ciudades.

El conflicto ya lleva 22 días y comenzó a extenderse hacia otras regiones bolivianas durante la última semana. Hospitales y centros médicos reportaron dificultades para recibir oxígeno medicinal y otros suministros esenciales debido a las interrupciones del transporte terrestre.

La escasez también afecta mercados y estaciones de servicio, especialmente en el altiplano boliviano, donde comerciantes y consumidores enfrentan problemas crecientes para acceder a productos básicos.

En medio de ese escenario, el Gobierno promulgó durante la madrugada una nueva ley que elimina restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La medida incrementó la preocupación de sectores opositores y organizaciones civiles ante la posibilidad de una escalada represiva.

Sin embargo, el Ejecutivo aseguró que declarar un estado de excepción continúa siendo “la última opción” y sostuvo que priorizará las negociaciones políticas antes de recurrir a medidas extraordinarias.

(Con información de EFE)