
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se preguntó ayer si es justo "llenar la provincia de universidades públicas, cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad".
La frase es confusa e incluso no del todo cierta. Además, invertir en jardines de infantes y en la escuela primaria no debería ser incompatible con hacerlo en la universidad. Siempre que se tenga una política y un programa. Pero seguramente el comentario de Vidal apuntaba más bien a la demagogia y los manejos oscuros del anterior gobierno, que usó a varias de estas instituciones para canalizar -o desviar- fondos hacia actividades y sectores poco vinculados a lo académico.
Una oportunidad para poner algunas cosas en su lugar.
Cristina Fernández de Kirchner suele jactarse de haber creado nueve universidades. Ahora bien: solamente en el conurbano, Carlos Menem creó seis. Eso sí, con poca o nula propaganda. Sin tanto relato, en los 90 surgieron las principales -si no las mejores- universidades del Gran Buenos Aires.

"Mejor que decir es hacer" era una de las divisas preferidas del fundador del justicialismo que, en su versión K, fue "hacer pero sobre todo decir" o "decir mucho más que hacer".
Por ello, teniendo en cuenta esa afición por el "relato" que fue el sello distintivo de la larga década K, cualquiera se sorprendería al saber que las universidades de San Martín (1992), Matanza (1989), Quilmes (1989), 3 de Febrero (1995), General Sarmiento (1993) y Lanús (1995) fueron creadas durante la gestión de Carlos Menem.
El kirchnerismo se presentó ante la sociedad como fundacional. Antes de ellos, nada se hizo, ni en obra pública, ni en derechos humanos -aunque fue también Menem quien impulsó las leyes de reparación para presos políticos y familiares de desaparecidos-, ni en salud, ni en educación pública, etcétera… Ni democracia parece que hubiera habido entre 1983 y 2003 si se considera el latiguillo de asimilar a las demás administraciones democráticas con el Proceso.

Recordemos el truco de los cinco actos, a veces más, por cada obra pública -al anunciar el proyecto, al lanzar la licitación, al abrir los sobres, al dar la primera palada… etcétera, etcétera. A lo que solía sumarse la falsa inauguración, como la del materno-infantil de La Matanza, bautizado Alberto Balestrini, que sirvió como escenario de acto para al menos tres campañas, dos de Cristina y una de Daniel Scioli, en medio del cemento fresco y las salas vacías.
La misma grandilocuencia se aplicó a la creación de universidades. Aunque no necesariamente el rigor que exigen esas fundaciones.
Las universidades creadas por la gestión kirchnerista son: Florencio Varela (Arturo Jauretche), Avellaneda, José C. Paz, Moreno, Río Negro, Tierra del Fuego, Villa Mercedes (provincia de San Luis), Universidad Nacional del Oeste (Merlo, provincia de Buenos Aires) y la del Chaco Austral (en Roque Sáenz Peña, interior de la provincia), otra que está bajo la mira de la Justicia, con sus directivos procesados por negociaciones incompatibles con la función, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y cohecho, entre otros cargos.
En la página cfkargentina.com se obvia mencionar el otorgamiento en 2015 del estatus de universidad al centro de adoctrinamiento de las Madres de Plaza de Mayo.
Lo que también hizo el kirchnerismo fue comprometer a esas instituciones en mecanismos para eludir licitaciones y controles, subterfugio que hoy está siendo investigado por la Justicia.

Durante varios años, el Ministerio de Planificación que dirigía Julio De Vido firmó convenios-marco con universidades públicas, un método habilitado por decretos presidenciales que permitían así las contrataciones directas encauzadas hacia amigos y sectores afines.
La creación de una universidad es redituable políticamente, sin duda. Una distribución de estas instituciones en todo el país es un acto de justicia. Pero crear una universidad no es soplar y hacer botellas. Reunir un cuerpo académico de nivel y proponer formaciones de excelencia, acordes a las necesidades y demandas de cada región, es una tarea que requiere tener objetivos claros y una planificación acorde con ellos.
Una universidad a proximidad de los sectores más carenciados es un primer paso hacia la igualdad de oportunidades. Pero si no se brinda una buena formación inicial y secundaria, si no se ofrecen becas y horarios acordes con las necesidades de una persona que tiene un empleo, "la universidad de los trabajadores" no es más que un eslogan.
Tampoco es incompatible la inversión en educación inicial con la terciaria. Lo que sí debería hacerse es una buena evaluación académica y financiera de las instituciones ya existentes, para volverlas más eficientes sin dejar de garantizar un acceso igualitario.
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