El jefe de los fiscales de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, argumentó el pedido de detención contra el ex gobernador provincial Eduardo Fellner ordenado ayer por el juez Isidoro Cruz. El funcionario judicial aseguró que "los motivos que llevaron al fiscal al plantear la detención tienen que ver con la sospecha de fuga, porque tiene una gran cantidad de viajes a Panamá; hay que ver la explicación de esos viajes".
Sánchez, en diálogo con radio La Red, detalló que Fellner está acusado, junto a otros funcionarios y la dirigente de la Tupac Amaru Milagros Sala, "de integrar una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado por 1300 millones de pesos, por no haber construido 2000 viviendas".
El juez Cruz libró la orden de detención contra el ex mandatario en el marco de la denominada "megacausa". Además, pidió la captura de su ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini; el ex titular del IVUJ Lucio Abregú, Héctor Carrizo y José Mercado (integrantes de la UEP, Unidad Ejecutora de la Provincia). También de la escribana ligada a la Tupac Amaru y Milagro Sala, Claudia Trenque.
A pesar de la orden judicial, efectivos de la policía provincial no lograron ubicar a Fellner, y los rumores sobre su paradero son varios. Algunos aseguran que está escondido, mientras que integrantes de la Tupac Amaru aseguraron a Infobae que no se encuentra en la provincia. Sin embargo, su familia indicó a las autoridades policiales que se encuentra en Buenos Aires y que hoy viajará a Jujuy para cumplir la orden de detención.
El fallo del juez Cruz tiene raíz en una denuncia presentada por el dirigente de la Coalición Cívica de Jujuy, José María Albizo, por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y fraude a la administración pública por administración infiel.
La justicia investiga la eventual complicidad del ex gobernador en el manejo indebido de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, programa que durante años coordinó Milagro Sala. Según la denuncia, las organizaciones sociales recibían cheques a su nombre y Sala las obligaba a que los endosen a favor de personas de su extrema confianza que luego cobraban ese dinero en la ventanilla del banco.
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