En agosto de 2016, el Gobierno comenzó a realizar un relevamiento junto a diferentes ONG y movimientos barriales para determinar la cantidad asentamientos en todo el país. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares, que instrumenta el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, se identificaron 4.228 villas. Sumadas, cubren una superficie de 415,5 km2, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas tierras viven aproximadamente 3.5 millones de personas.
En base a esta información, y como parte de un plan integral, el Ejecutivo elevará al Congreso un proyecto para urbanizar estos asentamientos y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios.
La iniciativa comenzará a discutirse en las comisiones en los próximos días y propone que se declare "la utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles" que componen el Registro Nacional de Barrios Populares. Además, faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para realizar convenios con provincias y municipios para la transferencia de estos inmuebles y para establecer mecanismos de compensación impositiva.
Según el proyecto, al que accedió Infobae, la tarea de la AABE será "individualizar los bienes inmuebles a expropiar, llevar adelante las tasaciones, iniciar los juicios de expropiación y establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las
viviendas".
En tanto, Desarrollo Social tendrá a su cargo la coordinación, con los organismos competentes, del acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares. En este punto, y de acuerdo al relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
Como parte del proceso de urbanización, el proyecto dispone la creación de un fideicomiso y se suspenden los desalojos por dos años. Según el Gobierno, será un proceso "que puede durar años", y los títulos de propiedad se realizarán en base a los Certificados de Vivienda Familiar, instrumentados por la ANSES, que se comenzaron a entregar a los habitantes censados en junio del año pasado.
Con este certificado se puede acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas. Hasta el momento, ya fueron entregados 94.692 certificados.
DATOS
Según información del Registro Nacional de Barrios Populares, el 68% de los barrios tienen menos de 150 familias; el 55% se desarrolló previo al 2000, el 26% durante la década del 2000, el 14% entre 2010 y 2013, y el 4% entre 2014 y 2016.
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