La familia de T.G.L., una paciente fallecida el pasado 19 de marzo de 2026, ha presentado una denuncia ante la Justicia tras considerar que la atención sanitaria recibida en el Servicido Andaluz de Salud (SAS) fue insuficiente y determinante en el desenlace. Según informa el abogado de la familia, José Antonio Sires, la paciente acudió de manera reiterada a distintos centros de salud con síntomas graves durante más de un año, pero “no se le practicaron las pruebas necesarias ni se la derivó a especialistas”, lo que demoró el diagnóstico de un tumor cerebral agresivo.
No fue hasta marzo de 2024 cuando, tras la realización de pruebas más exhaustivas, se le detectó a la mujer una grave patología neurológica compatible con un glioblastoma. Para entonces, según el informe pericial aportado, las posibilidades terapéuticas se habrían visto significativamente reducidas como consecuencia del retraso diagnóstico, señala el despacho de abogados. El glioblastoma es una enfermedad de rápida evolución que exige un abordaje inmediato. El pronóstico mejora cuando la detección y el inicio del tratamiento se producen en etapas tempranas, lo que convierte el tiempo en un factor decisivo para las posibilidades terapéuticas y la calidad de vida del paciente.
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Según la denuncia, la muerte se produjo en un contexto de “omisión asistencial evitable”, que impidió un tratamiento adecuado y generó un sufrimiento físico y moral innecesario.
Posibles omisiones o retrasos injustificados
El abogado considera que estos hechos podrían constituir un delito de homicidio imprudente por omisión, un delito de omisión del deber de prestar asistencia sanitaria y otro de dejación de funciones en el servicio público. La investigación judicial busca establecer si la atención prestada se ajustó a los protocolos y si existieron omisiones o retrasos injustificados que hayan podido incidir en el fallecimiento de la paciente.
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La familia ha solicitado al Juzgado la apertura de diligencias previas para esclarecer los hechos, incluyendo la declaración de los profesionales implicados, el análisis completo de la historia clínica y la elaboración de un informe médico-forense.
El letrado ha destacado que la finalidad de la acción judicial es “esclarecer la verdad de lo sucedido, depurar responsabilidades y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse”.
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