El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández quedó más comprometido en la causa que investiga las irregularidades en el programa Fútbol para Todos. La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó la ampliación de su procesamiento por el delito de defraudación a la administración pública. Este nuevo tramo de la investigación tiene que ver con los minutos de publicidad en el programa Fútbol para Todos que, según la Justicia, fueron deficitarios en perjuicio del Estado nacional. Específicamente, la defraudación se establece en el convenio comercial porque la empresa Iveco no pagaba con dinero sino con camiones.

Según la investigación, no se entregaron el número de camiones adecuados en relación a los minutos de publicidad.

Cuando declaró, Fernández dijo que esa negociación la había llevado a cabo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Iveco. No obstante, unos correos electrónicos entre la Jefatura de Gabinete y los directivos de la mencionada compañía complicaron su situación.

Finalmente, se determinó que se llegó al trato a través de un "acuerdo entre Aníbal Fernández y el Sr. Natale Rigano (CEO de Iveco), que fuera materializado en principio en una reunión, dejando pendientes algunas cuestiones, como las respectivas autorizaciones internas de la empresa, y los detalles a sus subalternos materializándose encuentros y cruces de correos electrónicos".

En su voto, el juez Martín Irurzun se refirió a la responsabilidad del Estado: "Ninguno de los encargados de resguardar los intereses del Estado se ocupó siquiera de preguntar dónde estaba aquello que se le debía, según lo convenido por Aníbal Fernández y Natale Rigano".

La causa judicial arrancó en 2014 por una denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña. En un primer tramo, Servini había procesado a Fernández y a Jorge Capitanich por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a Gabriel Mariotto -entonces coordinador de Fútbol para Todos-, a quien le atribuyeron el delito de peculado. En tanto, los ex dirigentes de AFA Luis Segura, Rafael Savino, Miguel Silva y Carlos Portell fueron procesados antes por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Pablo Paladino, ex coordinador del programa y uno de los apuntados por Alejandro Burzaco en Nueva York, había sido sobreseído por la jueza, pero ahora la Cámara pidió que sea citado a declarar.

Ahora el juez Irurzun instó a Servini a que lo llame como testigo, porque el ex funcionario había dicho en los medios de comunicación que Carlos Zannini "manejaba todo" respecto a FPT.