El Gobierno nacional aprobó la prórroga de un contrato por $10.000 millones con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, encargada de asesorar jurídicamente al Estado colombiano sobre sanciones impuestas por Estados Unidos al presidente Gustavo Petro.
Así las cosas, la decisión mantiene vigente el acuerdo inicial y el esquema de pagos pactado con la consultora internacional.
De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, la extensión del contrato contempla que la microempresa británica, con apenas dos empleados registrados, continuará recibiendo pagos en cuatro desembolsos de $2.500 millones cada uno, equivalentes a 500.000 libras esterlinas por entrega.
Estos pagos se encuentran sujetos a la entrega periódica de informes técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas sobre el régimen de sanciones financieras internacionales.
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Caracol Radio reportó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) implementó una “mesa técnica de apoyo” para revisar de manera inmediata los informes presentados por Amadeus Consultancy Limited y facilitar la autorización de los pagos correspondientes.
Además, el citado medio precisó que el contrato conserva su exclusión de la tabla ordinaria de honorarios de la Presidencia, al estar catalogado como un servicio de alta especialización y confianza.
Según Caracol Radio, la prórroga fue aceptada formalmente el 30 de abril de 2026 por Maryna Pogibko y Daniel Martin Kovalik, que representan a la consultora británica. En comunicación enviada a Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia y supervisor del contrato, los representantes de Amadeus Consultancy Limited expresaron su “aceptación integral” de las nuevas condiciones y manifestaron disposición para formalizar la modificación.
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El contrato ha recibido críticas desde su firma original. Los cuestionamientos se centran en el valor comprometido, la ausencia de un proceso competitivo abierto y el perfil de la empresa, fundada en 2017 y con activos limitados reportados en el Reino Unido.
Actualmente, la Procuraduría General de la Nación mantiene abierta una indagación preliminar sobre el proceso contractual, a la espera de determinar si existen méritos para iniciar una investigación disciplinaria.
Detalles de las sanciones
La inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton de Estados Unidos marcó un episodio inédito en la política colombiana durante octubre de 2025. El presidente, junto con la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, fue señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).
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La decisión se sustentó en el señalamiento de que la administración Petro habría facilitado un escenario favorable para el incremento de la producción de cocaína en Colombia, tras la implementación de una política antidrogas considerada ineficaz por las autoridades estadounidenses.
La sanción establecida por Estados Unidos implicó el congelamiento inmediato de activos en ese país y la prohibición de transacciones financieras con ciudadanos y empresas estadounidenses.
Esta medida, aplicada bajo la figura de la Lista Clinton, ha sido utilizada históricamente para aislar financieramente a individuos y entidades acusados de estar vinculados al narcotráfico internacional. La inclusión de Petro, presidente en ejercicio, supuso un hecho sin precedentes para Colombia y generó un impacto considerable en el escenario político y diplomático.
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El Departamento del Tesoro explicó que las investigaciones apuntaban a una red de apoyo económico y político, en la que Armando Benedetti habría jugado un papel relevante al intentar canalizar recursos en beneficio del mandatario. Las restricciones impuestas abarcaron a familiares directos y miembros del gabinete, ampliando el alcance del aislamiento financiero. Además, cualquier persona o empresa que mantuviera relaciones comerciales con los sancionados quedó expuesta a posibles sanciones.
El presidente Gustavo Petro respondió públicamente atribuyendo la medida a presiones políticas internas de Estados Unidos y anunció que su defensa estaría a cargo de un abogado estadounidense.
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