El jefe de Gabinete, Marcos Peña, expuso en el Congreso las remuneraciones que obtienen los religiosos y desde la Iglesia expresaron su malestar. Fue al responder una de las más de 1.000 preguntas que recibió el funcionario. La autora fue la diputada porteña Carla Carrizo, del bloque Evolución, que lidera Martín Lousteau.

Pero en la Iglesia no parecen creer en la inocencia de la pregunta. Más allá de que se declaró a favor de la transparencia de los fondos públicos, el obispo de San Francisco, Córdoba, Sergio Buenanueva, lo dio a entender: "Me parece perfecto que un diputado le pregunté al jefe de Gabinete por lo que el Estado destina a la Iglesia, porque es información pública. No reveló nada oculto que debía permanecer así".

"Los ciudadanos tenemos el derecho de saber en qué gasta el Estado la plata que le damos a través de nuestros impuestos. Lo que me parece raro –dijo– es que los diputados, que tiene que aprobar el presupuesto todos los años, hayan preguntado eso porque esta información ya era conocida, pero un olvido lo tiene cualquiera".

Miembros de la Conferencia Episcopal Argentina (Foto: China Soler)
Miembros de la Conferencia Episcopal Argentina (Foto: China Soler)

En un audio difundido a través de las redes sociales, Buenanueva aclaró que el Estado no sostiene a la Iglesia y que "el mayor aporte lo hacen los católicos domingo a domingo" con las colectas, por ejemplo. "El Estado hace un aporte que es del 6% o 7% del total de nuestro presupuesto", explicó.

Monseñor Buenanueva explicó que los $130 millones anuales que el Estado destina a la Iglesia católica cubren 3 rubros: asignaciones a los obispos, a los seminarios y a las llamadas parroquias de frontera.

"Aparte de este aporte presupuestario, hay otros extraordinarios por ejemplo para refaccionar una capilla o si se está construyendo un nuevo centro de culto", agregó el religioso y aclaró: "Esto no es un privilegio de la Iglesia Católica, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y para eso le damos al Estado nuestros aportes para que lo devuelvan a lo que los ciudadanos consideramos importante para sus vidas".

Peña en su primera exposición del año en el Congreso (Foto: Presidencia)
Peña en su primera exposición del año en el Congreso (Foto: Presidencia)

Según Peña, un obispo diocesano recibe mensualmente 46.800 pesos; y los obispos auxiliares y los eméritos, 40.950 pesos. Pero ¿cómo se distribuye ese dinero? El Estado transfiere la partida presupuestaria a la Conferencia Episcopal y desde allí se hace el depósito al banco que cada obispado haya determinado.

En este sentido, Buenanueva explicó en qué gasta ese salario. "Lo que recibimos no tiene razón de sueldo, porque no tenemos deducciones ni pagamos ganancias, es un dinero que llega a las diócesis a nombre de los obispos".

Agregó que parte de ese dinero se aplica al sostenimiento personal de su casa, la comida y su vehículo, pero que el grueso está destinado a los gastos ordinarios del obispado. El sueldo en blanco de los cinco empleados que tenemos en San Francisco es superior a los $50.000 y parte de lo que recibo va destinado a esto".

"Es justo, no es ilegal, que el Estado nos de un aporte, pero el sistema debería cambiar, como ocurre en otros países, donde los ciudadanos en sus declaraciones juradas, cuando declaran sus ingresos, expresan que parte de esos ingresos pueden estar destinados a la religión a la que perteneces o a otras obras", dijo.

Finalmente, Buenanueva reiteró que "el sistema actual es inapropiado y debe ser revisado y adecuado a los estándares de las sociedades modernas".