Asoman nuevos dolores de cabeza en la Justicia para el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Es que Laura Alonso, en su rol de secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Oficina Anticorrupción (OA), pidió que sea citado a declaración indagatoria en virtud de un subsidio millonario que le otorgó como jefe de Gabinete a la Confederación de Hockey que presidía.
De acuerdo con el escrito que se presentó esta mañana en Tribunales y al que accedió Infobae, Fernández en su doble rol de funcionario y dirigente deportivo le otorgó $56 millones a la empresa Commercial Carpets S.A para la construcción de 23 canchas de hockey -una por provincia-. Los complejos que debían finalizarse antes de diciembre de 2015 nunca se hicieron y ningún organismo fiscalizó el cumplimiento del convenio.
A la par, Fernández enfrenta en los tribunales federales una causa por presunto enriquecimiento ilícito e irá a juicio oral por el plan Qunita.
La denuncia también abarca a Jorge Milton Capitanich, quien firmó el otorgamiento del subsidio 24 horas antes de ser sucedido por Aníbal Fernández en la Jefatura de Gabinete, a finales de febrero de 2015, quien finalmente instrumentó el pago.
El trámite se aprobó con una llamativa celeridad: el expediente administrativo se inició el 25 de febrero de 2015 y la resolución se publicó el 26. Los técnicos que analizaron el convenio argumentaron que resulta "casi imposible" que en tan poco tiempo se pudiera efectuar un análisis de necesidad del pedido y de su pertinencia técnica.
"El otorgamiento estuvo fundado en antecedentes insuficientes -escrito de una carilla- e incompletos, mediante un procedimiento que se tramitó en dos días (25 y 26 de febrero de 2015), en el que no se efectuó ningún tipo de análisis de razonabilidad del pedido o informe técnico del presupuesto aportado", precisó la OA.
Alonso sospecha además que las autoridades utilizaron la figura del subsidio para evitar la aplicación de normas que rigen las contrataciones estatales. Sucede que por el monto involucrado, hubiese sido necesario un llamado a licitación pública.
El caso es instruido por el juez federal Julián Ercolini y por el fiscal Eduardo Taiano. En su defensa, Aníbal Fernández aseguró que no participó del trámite porque aún no había asumido como jefe de Gabinete y había iniciado una licencia el 7 de febrero en la Confederación de Hockey.
La OA solicitó también que se cite a declaración indagatoria al entonces subsecretario de Coordinación Administrativa, Daniel Tagliatori; al secretario de la Confedereción Argentina de Hockey, Mario Galliano; y a los empresarios Rubén Raiman y Ángel Raiman (presidente y director de la compañía que debía construir las carpetas de las canchas de hockey).
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