El régimen de Cuba aprobó incentivos fiscales para privados y estatales que inviertan en obras sociales

La medida, publicada en la Gaceta Oficial, permite reducir hasta un 20% la carga tributaria anual a cambio de donaciones monetarias o materiales destinadas a hospitales, escuelas y hogares de ancianos

FOTO DE ARCHIVO. Los transeúntes pasean por una calle de la Habana Vieja en Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini)
FOTO DE ARCHIVO. Los transeúntes pasean por una calle de la Habana Vieja en Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini)
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El régimen de Cuba aprobó este lunes un paquete de incentivos tributarios destinado a que empresas privadas y estatales financien la recuperación de infraestructuras públicas y servicios comunitarios en educación, salud, deporte o cultura, en medio de las severas restricciones financieras del país caribeño.

La medida, recogida en la Resolución 208/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y publicada en la Gaceta Oficial, entra en vigor de forma inmediata y responde al “cumplimiento de las transformaciones económicas y sociales” que impulsa el Ejecutivo de La Habana desde el pasado junio con las 176 reformas destinadas a liberalizar y descentralizar la economía.

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El ministro cubano de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, puntualizó este lunes -en la televisión nacional- que “los incentivos se centran en una reducción de los impuestos que se deben pagar por concepto de utilidades o sobre los ingresos personales” y que las donaciones, tanto de privados como estatales, pueden ser “monetarias” y “materiales”.

“Si se trata de inversiones materiales como la reconstrucción de un hogar de ancianos, el remozamiento de un sistema de alimentación a la familia o de una escuela o la recuperación de una sala de un hospital, la reducción del impuesto puede llegar hasta el 20% de los impuestos al cierre del año fiscal”, puntualizó el jefe de cartera.

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Regueiro detalló que estas acciones serán aplicables “en un plazo de hasta cinco años” y, de acuerdo con la ley, los bienes aportados pasarán a formar parte de los activos fijos tangibles de la entidad estatal beneficiada.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (Europa Press/Archivo)
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (Europa Press/Archivo)

El alto funcionario recalcó que el objetivo es buscar “un complemento al presupuesto del Estado” que “tiene en sí toda la responsabilidad de soportar o dar respaldo financiero a la actividad social” del país, pero que actualmente posee “limitaciones”, por lo cual, la medida podrá “complementar” el esfuerzo en “la movilización de recursos desde el sector empresarial, estatal y no estatal”.

La norma contempla ventajas específicas para los negocios dedicados “fundamentalmente a actividades y servicios sociales”, añadió.

El ministro señaló, además, que cuando “el cincuenta por ciento (50%) o más de los ingresos brutos proviene de estas actividades”, podrán solicitar un tipo impositivo reducido sobre utilidades o una bonificación en ingresos personales durante sus primeros cinco años de operación, además de la “exención del pago del Impuesto Aduanero sobre la importación de equipos y tecnologías necesarias”.

Estos últimos beneficios requerirán una “autorización emitida por este Ministerio, previa solicitud” y el MFP, junto a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), se encargará del control para “evaluar el resultado asociado a estos beneficios”, con los que el Ejecutivo cubano busca aliviar el deterioro de su red pública, remarcó Regueiro.

La implementación de esta resolución se deberá “realizar de manera conducida” y coordinada entre los gobiernos locales y los actores económicos ubicados en esa comunidad, agregó el jefe de la cartera cubana de Finanzas.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica desde hace seis años y, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país afrontará en este 2026 la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 10,3% de su Producto Interno Bruto (PIB), a lo cual habría que sumar la caída acumulada de más de un 15% entre 2020 y 2025.

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