
Es posible, como se admitía incluso en medios legislativos luego de aprobar el desafuero, que Julio De Vido haya podido acordar a través de sus abogados el modo de entregarse en Comodoro Py y hasta los primeros días de detención en un hospital penitenciario. Apenas un alivio en el trance de quedar preso. La amargura, de todos modos, venía de antes: ya había comprobado que dejaba de funcionar la red de protección política. La cuestión, ahora, es cómo lo asimilará en el penal.
Existen por lo menos tres elementos que se combinan en la misma dirección: el distanciamiento de Cristina Kirchner, los mensajes pidiendo que renuncie emitidos desde el bloque de diputados kirchneristas y el cuadro político general, coronado el domingo con la derrota de la ex presidente en Buenos Aires y el respaldo nacional cosechado en las urnas por el oficialismo.
El desamparo que en estas horas percibe el ex ministro es precedido por una historia larga, que encadena la suerte de otros ex funcionarios e integrantes del círculo más próximo al núcleo de la familia Kirchner. Y el primer eslabón significativo lo representa, sin dudas, Lázaro Báez.
La caída del contratista fue rodeada desde el inicio, como ocurrió también en los casos posteriores, por versiones e hipótesis sobre la solidez del silencio que, de todas formas y hasta ahora, exhibieron uno a uno los detenidos vinculados con el circuito de corrupción que según las denuncias y los avances registrados en algunas causas remiten finalmente al manejo de la obra pública.

La familia de Baéz, y en particular la esposa del contratista detenido, habían hecho llegar sus advertencias sobre la necesidad de protección judicial y política a los allegados de la entonces presidente por lo menos dos años antes del final de su gestión. Temían especialmente por la suerte del mayor de los hijos.
Báez, desde los primeros meses en prisión, habría recibido varias veces emisarios kirchneristas que lo informaban sobre gestiones para aliviar su situación, además de desplegar especulaciones sobre un pronto y veloz deterioro de la gestión macrista.
Por entonces, el juez Sebastián Casanello restringía el caso Báez a una cuestión de lavado de dinero originado centralmente en la evasión. La Cámara Federal debió advertirle al juez que debía avanzar sobre las relaciones y actividades del detenido. El propio Báez, en su intento de recusar al juez y cuestionar la causa, llegó a sostener en un escrito que era víctima de una maniobra, con participación política y judicial, para "blindar" a ex funcionarios de la era kirchnerista.
No fue más allá en sus dichos, pero encendió las alarmas en el entorno de la ex presidente. La red judicial que se consideraba propia o controlada comenzó a dar algunas señales de debilidad. La distancia del poder empezaba a expresarse en la flojedad de algunos lazos, especialmente en la justicia federal, que antes parecían más firmes.
El silencio, de todos modos, siguió siendo potente. Sólo algunos mensajes menores que sonaron antes que nada a presión en reclamo de defensa. "Era plata de la política", soltó sin entrar en detalles José López, el ex secretario de Obras Públicas que fue detenido luego de revolear bolsos con nueve millones de dólares a las puertas de un convento. Lo dijo ante el juez Daniel Rafecas, que envió el caso a juicio oral y público. Al parecer, no se avanzó sobre ese punto de los dichos del detenido.

Báez, López, Ricardo Jaime (ex secretario de Transporte) y Víctor Manzanares (contador de la familia Kirchner), entre otros, siguen detenidos sin hacer ruido. A ellos se sumó Roberto Baratta, el hombre de mayor confianza de De Vido en la función pública. Ese fue un golpe duro para el ex ministro, un anticipo de que su futuro se había complicado más de lo que podía suponer cuando llegó a la Cámara de Diputados luego de doce años como poderoso integrante de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
De Vido manejó alrededor de 145.000 millones de dólares en los doce años como ministro nacional. Y acumula más de cien denuncias por el manejo de los fondos, veintiséis imputaciones y seis procesamientos, según puntualizó el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, al tratar el desafuero en el recinto.
Es razonable suponer que el manejo de semejante flujo de fondos durante doce años haya dejado huellas en medios políticos, empresarios y judiciales. Lo dicen, la mayoría de manera privada, dirigentes de primera línea de distintas fuerzas. La capacidad para sostenerse frente a semejante tanda de denuncias, hasta ahora, no parece un dato menor visto desde esa perspectiva.
El punto no es su capacidad personal de resistencia o su potencial de acusaciones, sino el contexto más cercano en que acaba de quedar preso. A diferencia de lo escuchado por Báez y otros detenidos, resulta difícil que el mensaje que llegue a sus oídos tenga que ver con el deterioro del macrismo: el año pasado, en medios del kirchnerismo duro circulaba la idea de un final abrupto y anticipado del Gobierno, que luego derivó en la esperanza de un triunfo electoral capaz de revalidar a la ex presidente y cambiar por completo el clima político, y también judicial.

Las elecciones el domingo dijeron otra cosa, pero ya antes y también inmediatamente después De Vido recibió señales del distanciamiento de la ex presidente y de la reacción no muy solidaria del bloque de diputados.
La ex mandataria dijo en plena campaña que no ponía las manos en el fuego por nadie que no fuera parte de su familia. Le habían preguntado por el ex ministro. Cierta frialdad venía de antes, apartado como estaba de actividades visibles al igual que otras figuras de baja imagen pública.
Los diputados kirchneristas no tenían a mano esta vez el recurso de la diagonal cuando se produjo la primera embestida contra el ex jefe de las obras públicas, en julio: no existía entonces pedido judicial alguno. La solicitud de dos jueces cerró esa puerta. La defensa debía ser explícita y eso generó fuertes cruces en el interior del bloque. La salida fue denunciar nuevamente un "plan de persecución a los opositores" y no bajar al recinto.
Por supuesto, De Vido sabía que la votación del desafuero era imparable: sobraba el número para hacerlo con la suma del oficialismo y distintos sectores peronistas. Pero las señales eran otras. El bloque privilegió preservarse y evitar fracturas, antes que asumir su defensa. Y no faltaron sugerencias para que renunciara, como salida para evitar costos mayores.
El ex ministro no está viviendo horas de acompañamiento, con el agregado de un horizonte de larga detención. Es un riesgo, porque la lealtad como la corrupción suele ser un camino de doble mano.
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