Seis jesuitas, una empleada y su hija adolescente: la masacre en El Salvador que no ha logrado justicia en 37 años

A 37 años de la masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), El Salvador recuerda el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una trabajadora de la institución y su hija adolescente, cometido por un comando militar en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, durante la ofensiva urbana del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Las víctimas fueron el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría; el vicerrector, Ignacio Martín-Baró; el sociólogo Segundo Montes; los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. También fueron asesinadas Julia Elba Ramos, empleada doméstica de la residencia, y su hija, Celina Mariceth Ramos, de 16 años.

La Universidad Centroamericana desarrolla este mes actividades por el XXXVII aniversario de los mártires, entre ellas una muestra en el Centro Monseñor Romero que propone revisar las condiciones sociales del país desde la memoria de las víctimas.

El crimen ocurrió en uno de los momentos más tensos de la guerra civil salvadoreña. El 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó la ofensiva “Hasta el tope”, que trasladó los combates a San Salvador y otras ciudades. La capital quedó bajo fuego, con enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, bombardeos y restricciones de circulación.

En ese contexto, la cúpula de la Fuerza Armada consideraba a Ellacuría y a la UCA como aliados políticos de la insurgencia. El rector jesuita había defendido una salida negociada para la guerra y mantenía interlocución con distintos sectores políticos. La universidad, además, documentaba violaciones de derechos humanos y publicaba investigaciones sobre la realidad social salvadoreña.

La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluyó que, durante una reunión del alto mando militar el 15 de noviembre, se ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar, asesinar a Ellacuría y evitar que quedaran testigos. Según esa reconstrucción, la orden partió del entonces coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Benavides transmitió la instrucción a oficiales y soldados del Batallón Atlácatl, una unidad de reacción inmediata del Ejército salvadoreño, entrenada en parte bajo programas de asistencia militar de Estados Unidos. El comando ingresó al campus de la UCA durante la madrugada.

La ejecución en el jardín de la residencia jesuita

Los militares llegaron a la residencia de los jesuitas, los obligaron a salir y ordenaron a cinco de ellos acostarse boca abajo en el jardín. Allí fueron ejecutados Ellacuría, Martín-Baró, Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno. Joaquín López y López fue asesinado dentro de la vivienda.

Los soldados también encontraron a Julia Elba Ramos y Celina Mariceth, quienes dormían en una habitación de la residencia debido a que su casa había sufrido daños durante la ofensiva. Ambas fueron asesinadas. De acuerdo con la reconstrucción del caso, los ejecutores buscaban eliminar a cualquier persona que pudiera identificar a los autores de la operación.

Después de los homicidios, el comando disparó y utilizó explosivos para construir la apariencia de un enfrentamiento con la guerrilla. Las primeras versiones oficiales intentaron desvincular a la Fuerza Armada, pero la presión internacional y las investigaciones posteriores llevaron a establecer la responsabilidad militar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el proceso judicial salvadoreño estuvo condicionado por una política de encubrimiento y calificó el juicio como una actuación que no permitió establecer responsabilidades completas. El informe de fondo de la CIDH sobre la masacre de los jesuitas y dos mujeres señaló que la investigación no alcanzó a quienes dieron la orden desde el alto mando.

Un juicio con condenas limitadas y décadas de impunidad

En 1991, un tribunal salvadoreño condenó a Benavides y al teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos. El resto de los acusados, incluidos militares vinculados de manera directa con el operativo, fue absuelto.

Dos años después, la Ley de Amnistía General permitió la liberación de los condenados y bloqueó nuevas investigaciones durante más de dos décadas. La Comisión de la Verdad, creada tras los Acuerdos de Paz, identificó la cadena de mando y situó la masacre dentro de una política de persecución contra civiles considerados cercanos al FMLN.

La anulación de la amnistía por la Sala de lo Constitucional en 2016 abrió la posibilidad de reactivar causas por graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los responsables intelectuales señalados en los informes internacionales no han recibido condenas en El Salvador.

El caso también tuvo repercusión fuera del país. La masacre debilitó la imagen internacional del Gobierno salvadoreño y reforzó la presión para alcanzar una negociación. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992, incluyeron reformas militares, la creación de una Comisión de la Verdad y la desmovilización de unidades como el Batallón Atlácatl.

La memoria de Ellacuría, sus compañeros, Julia Elba y Celina permanece en el jardín de rosas y en la Sala Memorial de la UCA. Treinta y siete años después, sus nombres siguen asociados a una pregunta que el sistema judicial salvadoreño aún no logra cerrar: ¿Quiénes ordenaron el crimen y por qué no han sido juzgados?