Mauricio Macri ya tiene su 125: el freno al tarifazo

Ni el malestar ni las fuertes protestas expresadas desde todos los sectores de la sociedad encontraron eco en las autoridades nacionales en relación a los aumentos de las tarifas de gas y energía eléctrica que tuvieron un impacto brutal sobre la economía de familias, organizaciones, comercios e industrias.

Fue la Justicia quien debió intervenir para frenar los incrementos, lo cual habla de la ausencia de un marco político que permitiera alcanzar la solución evitando lo que hoy parece estar cada día más en boga: la judicialización de la política.

Como se sabe, fue la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, hizo lugar a los amparos presentados por dos organizaciones, y suspendió los aumentos en las tarifas de luz en todo el país. La magistrada consideró que el gobierno debe convocar previamente a una audiencia pública para llevar adelante esos incrementos, recordando un procedimiento que está escrito no en la letra grande de la normativa, y que sin embargo fue omitido por los funcionarios nacionales.

La misma justicia alegó también que las empresas prestadoras de servicio "deberán suspender el cobro de las facturas emitidas como resultado de la aplicación del nuevo cuadro tarifario, y liquidar las facturas respectivas a los valores vigentes con anterioridad a las resoluciones".

Similar situación se dio con la tarifa del gas, en donde la Cámara Federal de La Plata, si bien otorgó la apelación al gobierno nacional para ir a la Corte Suprema, no derogó su fallo de principio de julio y mantuvo vigente la suspensión del tarifazo.

A la dificultad que implican los citados aumentos para el ya castigado bolsillo de trabajadores, jubilados y sectores medios, y a la gravísima afectación causada a la actividad y el empleo de comercios e industrias, se suman la desorganización e incertidumbre que los avances y retrocesos antes descriptos generan para las propias empresas prestadoras de servicios.

Así, el presidente de Edenor, Ricardo Torres, aseguró que es "inviable" devolver la plata a los usuarios que pagaron con los aumentos dispuestos por el tarifazo, porque esto provocaría que la empresa tenga cero ingresos durante un año, y que los mantenimientos, las inversiones y el 80% de los salarios corran peligro. También desde Edesur sostienen que de persistir esta situación, la cadena de pagos de la empresa y el Plan de Inversiones en obras actualmente en ejecución se verán seriamente afectados.

Es imposible disimular el desconcierto total en la facturación del servicio de gas: desde el 7 de julio no se emiten boletas. Tanto el Gobierno nacional, como las empresas productoras, transportistas y distribuidoras del gas y millones de usuarios no saben cómo proceder ante semejante desorganización.

El eje de la discusión recae nuevamente en el mismo sito: ¿era necesario un reacomodamiento en las tarifas? Sin dudas sí, ya que los subsidios del Estado explicaban un alto porcentaje del déficit fiscal. El punto central es que no fueron llevados a cabo de la manera correcta. Sea por falta de un adecuado asesoramiento o por inexperiencia, lo que se ve claramente es que desde el gobierno siguen improvisando y, como confesaron, gestionando a prueba y error, mientras generan más incertidumbre en la sociedad.

Para decirlo de otro modo: si la intención del gobierno nacional era buscar una solución al problema tarifario en los hecho logró exactamente lo contrario, al crear un verdadero zafarrancho que terminó por perjudicar, paradójicamente, tanto a los consumidores como a las propias empresas distribuidoras.

Vimos como es habitual en el gobierno de Cambiemos anunciar, con cuidadas puestas en escenas, el acuerdo con los gobernadores del límite al aumento de tarifas del 400%. Ese incremento -difícilmente sustentable en el actual contexto de retracción económica que afecta a todo el país- fue presentado por el oficialismo como una "política gradualista" frente a la intención inicial de llevar los aumentos al 1500%.

Un gradualismo virtual pero no real, como quedó demostrado con las cataratas de amparos llovieron en todo el país y que originó lo que, ante la rigidez del gobierno, no podía sino ocurrir: el recurso a la justician para que se le pusiera freno a un aumento indigerible desde el punto de vista social.

Tras el freno judicial al tarifazo, en tan sólo siete meses, el gobierno de Cambiemos ya tiene su "125". Sería bueno que, como han hecho en varias ocasiones, una vez más den un paso atrás, anulen el desmedido aumento y convoquen en forma urgente a una audiencia pública, cuyos resultados cuenten con el compromiso político del gobierno de ser tomados en forma realmente vinculante a la hora de definir un nuevo marco tarifario.

Pero las señales políticas del gobierno nacional no son, en este aspecto, alentadoras. Hay una ambigüedad que caracteriza su conducta política que debería ser mirada con atención por la sociedad y, en particular, por los gobernadores, que podrían estar siendo sometidos, a fuerza de la estrategia de la "zanahoria y el palo", a una encerrona que tarde o temprano los condicionará aún más tanto en el terreno económico como en el político.

El autor es político, integrante de la Fundación para el Desarrollo Argentino (DAR)