Tres personas fueron aprehendidas durante un operativo contra la presunta minería ilegal en el sector de Río Terable, distrito de Chepo, al este de la capital panameña, donde las autoridades localizaron tres campamentos improvisados y materiales relacionados con la extracción de minerales.
El procedimiento se suma a otras intervenciones recientes en Darién y Colón, que han dejado nuevas detenciones y decomisos.
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La operación se desarrolló mediante la intervención de unidades de Inteligencia y Antinarcóticos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), pertenecientes a la Tercera Brigada Panamá Este.
Los agentes participaron en la denominada Operación Punjab II, dentro del Plan Firmeza, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, para identificar actividades extractivas desarrolladas sin las autorizaciones correspondientes.
Durante el recorrido por Río Terable, los uniformados encontraron tres estructuras utilizadas presuntamente como campamentos clandestinos, además de envases plásticos que, según los primeros informes, servirían para recoger partículas de material mineral.
Los investigadores también localizaron otros implementos vinculados con la actividad, mientras los tres sospechosos quedaron a disposición de las autoridades competentes.
El hallazgo ocurre después de otros dos operativos ejecutados en la provincia de Darién, donde el Senafront informó sobre cinco aprehensiones relacionadas con presuntas actividades mineras ilegales.
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Las intervenciones se realizaron en los sectores de Río Sábalo y Río Mangle, cercanos a la frontera colombiana, y permitieron incautar maquinaria, combustible, armas de fuego y municiones.
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En Río Sábalo, las unidades fronterizas aprehendieron a dos personas y decomisaron cuatro motobombas, junto con gasolina, lubricantes y otros equipos empleados presuntamente en la extracción.
En Río Mangle fueron detenidos otros tres sospechosos, dos colombianos y un panameño, mientras los agentes encontraron seis dragas artesanales, dos armas de fuego y municiones.
Estos procedimientos elevan a ocho las personas aprehendidas en los operativos recientes de Chepo y Darién, sin incluir otras intervenciones desarrolladas durante las Fiestas Patrias.
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La presencia de dragas, motobombas y combustible evidencia los recursos utilizados en estas actividades, aunque corresponde a las investigaciones establecer la responsabilidad individual de los sospechosos.
A comienzos de noviembre, las autoridades ambientales también sorprendieron a dos personas presuntamente extrayendo minerales en el Parque Nacional Sierra Llorona, ubicado en la provincia de Colón.
El operativo fue realizado por guardaparques del Ministerio de Ambiente y unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, quienes encontraron campamentos y señales de intervención en un río.
En esa área protegida fueron localizados coladores, bateas artesanales y evidencias de dragado en el cauce, además de indicios del posible uso de sustancias químicas contaminantes.
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Los funcionarios desmantelaron estructuras improvisadas y pusieron a los sospechosos a disposición de las autoridades, ante los riesgos que estas prácticas representan para las fuentes hídricas.
Con los casos reportados en Chepo, Darién y Sierra Llorona, suman diez personas aprehendidas en procedimientos recientes relacionados con la presunta minería ilegal.
La cifra corresponde únicamente a estas intervenciones documentadas y no representa un balance nacional, mientras las autoridades mantienen patrullajes en áreas boscosas, ríos y zonas fronterizas.
El problema también alcanza otros espacios protegidos del país, como el Parque Nacional Chagres, donde dos panameños fueron aprehendidos en septiembre por presuntas labores extractivas en la quebrada Peluca, corregimiento de Caimitillo.
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Durante aquella intervención se decomisaron dos motobombas, cuatro palas y dos bateas, mientras la Fiscalía Ambiental recibió los indicios para investigar.
La extracción irregular puede provocar remoción de sedimentos, alteración de cauces y deterioro de hábitats acuáticos, particularmente cuando se utilizan equipos para remover materiales del fondo de los ríos.
El posible empleo de sustancias contaminantes aumenta la preocupación ambiental, aunque su presencia debe comprobarse mediante las investigaciones y evaluaciones técnicas correspondientes.
Como antecedente, el Ministerio Público registró 502 hechos criminales relacionados con delitos ambientales y contra el ordenamiento territorial entre enero y septiembre de 2026, frente a 430 en igual período de 2025. El aumento equivale al 17%, mientras las denuncias por destrucción de recursos naturales pasaron de 154 a 187 durante ese período.
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