Jorge Ale (Télam)
Jorge Ale (Télam)

Jorge Ale sumó su cuarto revés judicial. El ex intendente de la localidad jujeña de Libertador General San Martín fue imputado por inventar empleados municipales para quedarse con sus sueldos. Entre los "trabajadores fantasma" hay muertos, menores de edad y personas que ni siquiera viven en la zona. Calculan que el desfalco alcanzó los 41 millones de pesos.

La denuncia salió a la luz a comienzos de 2013 cuando algunos vecinos notaron que figuraban en los padrones como empleados públicos pese a que no lo eran. También muchos trabajadores del Estado municipal se encontraron con que cobraban menos de lo que figuraba en las planillas que la comuna le enviaba todos los meses al gobierno provincial. Los primeros casos se desnudaron porque eran beneficiaros de planes sociales que habían dejado de cobrar ya que aparecían en los registros de la ANSES como trabajadores del municipio.

"Nunca cobré ningún sueldo", se quejó el vecino Pedro Giménez en un escrito que envió al Concejo Deliberante. "Mi nombre con mi número de CUIL aparece percibiendo un aporte de mil pesos durante varios meses", coincidió Alicia Ester Flores, quien dio un paso más y se presentó directamente en los tribunales de San Pedro.

En ese momento, se hablaba de 12 millones de pesos robados, pero con el tiempo fueron apareciendo nuevos casos, bastante más burdos, como los de los muertos que figuraban como empleados.

Por ejemplo, en la planilla de liquidaciones de septiembre de 2011 están Rubén Gerardo Romero, quien supuestamente cobraba 800 pesos por mes pese a que había muerto el 24 de junio de ese año, o Mabel del Rosario Figueroa, fallecida en abril, pero que tenía un salario de mil pesos mensuales.

Certificado de defunción de Rubén Romero
Certificado de defunción de Rubén Romero
Pese a que estaba muerto, Romero cobraba 800 pesos por mes.
Pese a que estaba muerto, Romero cobraba 800 pesos por mes.

Otro caso paradigmático es el de Noelia Solorza, que tenía 17 años y vivía en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, pero en la nómina aparecía cobrando 850 pesos al mes. Pese a ser menor de edad, ni siquiera era la más chica en el listado.

"Se sustraían así, en forma mensual, unos 572 mil pesos, y si tenemos en cuenta que el modus operandi se repitió por 6 años, se malversaron más de 41 millones de pesos. Una investigación integral podrá determinar el monto final", denunció el ex diputado Marcelo Llanos, el principal impulsor del expediente.

Cuando se conoció la denuncia, Ale acusó a Llanos y a Infobae de realizar una operación política en su contra. "Tengo todo documentado, no tengo nada que ver", le dijo a este medio. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas de Jujuy desnudó varias maniobras que utilizaba para malversar el dinero público que, según sospecha Llanos, era cambiado por dólares en la frontera y enviado a Perú. Esa causa se abrió hace dos años en el Juzgado Federal de Jujuy 2 y la semana que viene habrá una audiencia solicitada por el bloque del PJ provincial.

Ale también está acusado por la desaparición de 32 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Además, el Tribunal de Cuentas ya dictaminó que el ex funcionario y algunos miembros de su gabinete deben devolver 35.144.945,36 pesos y pagar una multa por la desaparición de unos fondos que debían usarse para una serie de obras que no se ejecutaron.

En ese dictamen, el Tribunal de Cuentas recordó que Ale había dicho que tuvo que emitir un decreto para autorizar licitaciones directas porque había inflación y que a través de ese mecanismo contrató a una empresa trucha -que ni siquiera figuraba en la AFIP- para simular la compra de materiales.

"También celebró curiosos acuerdos con otros municipios vecinos para desviar recursos, emitió cheques sin fondos y pagó subsidios a empresas inexistentes", recordó Llanos en un comunicado.