
Con los reclamos por contaminación aún vigentes contra la papelera de la ex Botnia ubicada en Fray Bentos, Uruguay y Argentina pueden sumar otro conflicto ambiental por la inminente instalación de una nueva planta de celulosa de la empresa UPM en tierras charrúas. Esta vez, el proyecto será lejos de la frontera con el país que encabeza Tabaré Vázquez, pero en la ciudad de Gualeguaychú ya expresaron su preocupación debido a que se radicará sobre el Río Negro, uno de los afluentes del Río Uruguay.
Los asambleístas se reunieron anoche para evaluar qué medidas tomar frente al anuncio del gobierno uruguayo. Antes se había anticipado la Municipalidad de Gualeguaychú, que expresó su rechazo a la obra ya que "afectaría de manera directa el ambiente y la salud de nuestros vecinos", debido a que el Río Negro desemboca en el curso de agua compartido.
La ciudad entrerriana recordó que Uruguay viola el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que recomienda "no volver a actuar de mala fe" y "la vigilancia integral y continua del funcionamiento de la planta" de la ex Botnia, medida que "aún no fue cumplida". Por lo tanto, pidió al gobierno nacional que "instrumente a través de la Cancillería" el repudio "de esta decisión del gobierno uruguayo, y se lleven adelante las medidas necesarias para evitar la instalación de esta nueva planta".
Los comunicados dispararon el cruce de algunos funcionarios uruguayos. "Me sorprende el reclamo de Gualeguaychú, porque es un emprendimiento que no tiene nada que ver con Argentina. Es un emprendimiento en Uruguay, que es un país serio con vasta experiencia en los temas de medioambiente, reconocido a nivel mundial", dijo la ministra de Industria, Carolina Cosse.
Por su lado, el senador y ex presidente José "Pepe" Mujica protestó contra las quejas al afirmar que los ambientalistas argentinos "están con una película atrasada" y que "están comparando un Ford T con un Audi moderno", en relación a la nueva pastera que se instalará.
De parte del gobierno nacional, el embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro, aclaró que "no está en juego la decisión soberana de Uruguay", pero que si se le informa a Argentina, se trataría de un gesto de "buena vecindad". De manera similar se expresó la vicepresidente Gabriela Michetti, quien prometió "trabajar profundamente" con Uruguay e incluso con toda la comunidad de Gualeguaychú para poder llegar a un entendimiento.
Por ahora, Cancillería estudia los pasos a seguir ante el nuevo frente de conflicto y evalúa si le pedirá explicaciones a Montevideo, publicó hoy el diario La Nación.
De acuerdo a la información oficial, la nueva pastera de UPM estará situada cerca de la cuenca del río Negro -"en el Uruguay profundo", definió Tabaré Vázquez-. Empleará a 8000 personas, tendrá el doble de capacidad de producción que la fábrica de Fray Bentos y contempla una inversión de la empresa finlandesa de 4.000 millones de dólares y USD 1.000 millones de Uruguay para proveer la infraestructura necesaria.
Mientras los gobiernos argentino y uruguayo definen sus pasos diplomáticos, los entrerrianos obtuvieron el apoyo de aliados del otro lado de la frontera. El grupo uruguayo Mesa Ecológica se declaró en estado de asamblea permanente y convocó a los distintos colectivos ambientalistas de ese país a participar de una reunión para definir medidas, entre ellas acciones de amparo contra la instalación de la pastera.
"Esta planta inédita, sobre un río lento, poco caudaloso y con un ecosistema muy sensible, requiere estudios mucho más profundos y observación de muchas personas que saben de estos impactos a nivel internacional", señalaron los ambientalistas.
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