Equipos de Liga Peruana de Vóley respaldan a San Martín y apuntan contra la Federación tras polémico fichaje de Aixa Vigil a Universitario

La polémica por el pase de Aixa Vigil a Universitario de Deportes ha reavivado el debate sobre el régimen de afiliación en el voleibol peruano. San Martín presentó un reclamo ante la Federación Peruana de Voleibol (FPV) exigiendo que se respete la normativa vigente.

La USMP sostiene que la jugadora aún tenía un año más de afiliación con la institución, por lo que su transferencia a otro equipo carece de sustento reglamentario, según informaron medios nacionales. Esta situación ha generado preocupación en diversos clubes, que advierten sobre el riesgo de perder la seguridad jurídica en la gestión de los derechos deportivos de los atletas.

A raíz de este caso, un conjunto de equipos de la Primera y Segunda División de voleibol difundió un comunicado en el que solicitan a la FPV garantizar el cumplimiento del reglamento de afiliaciones y transferencias. Entre los firmantes figuran Alianza Lima, Rebaza Acosta, Deportivo Wanka, Latino Amisa, Géminis, Molivoleibol, Deportivo Soan y Deportivo Alianza.

En el documento, los clubes expresan su reconocimiento a la autoridad de la federación, pero insisten en la necesidad de que todos los órganos del sistema actúen de manera alineada con la normativa vigente y dentro de sus respectivas competencias.

“Reconocemos la plena autoridad de la Federación Peruana de Voleibol como ente rector del voleibol nacional y las facultades que los estatutos y la normativa vigente le otorgan”, sostiene el comunicado conjunto compartido por el director de Puro Vóley. Los clubes recalcan que la Oficina Nacional de Afiliaciones y Transferencias es la única instancia con competencia directa y excluyente sobre la vinculación entre deportistas y clubes.

El texto recuerda que el Reglamento de Afiliaciones y Transferencias establece que la afiliación otorga a un club el derecho de disponer de un deportista durante dos años, siempre que al cabo del primer año se ratifique la relación. Mientras dure la afiliación, la única vía regular para que un jugador cambie de club es que la institución de origen le otorgue la carta pase. “No existe, hoy, otra manera, regular, de que el vínculo que genere la afiliación se rompa”, destaca el documento.

La controversia surgió luego de que la FPV permitiera la inscripción de Aixa Vigil en Universitario de Deportes pese a que, según San Martín, la deportista mantenía una afiliación vigente con su club. Para los equipos firmantes, esta práctica desconoce el valor del reglamento y genera incertidumbre en la planificación de planteles: “Nos pone en la difícil situación de no saber cómo actuar en adelante frente a la celebración de contratos con los deportistas, si es que en la práctica se desconoce el valor de la afiliación”.

Según el pronunciamiento, la falta de claridad en la aplicación de las reglas afecta la seguridad jurídica de los clubes y puede tener consecuencias negativas sobre el carácter amateur del voleibol peruano. Los dirigentes argumentan que la mayoría de los contratos actuales no tienen la formalidad necesaria para sustituir el régimen de afiliación, lo que agrava la inseguridad en el manejo de los derechos de los deportistas.

En el comunicado, los clubes no rechazan la posibilidad de regular la contratación deportiva, pero exigen que cualquier modificación preserve la igualdad y respete las normas de afiliación. “Solo si se respetan las reglas de afiliación, podría existir igualdad, que es lo que creemos, nos beneficia a todos”, afirman.

Los firmantes concluyen solicitando que la federación deje sin efecto el Oficio N° 366-FPV-2026-FPV/P, al considerar que carece de sustento en el reglamento vigente. Reclaman la ratificación de la plena vigencia del Reglamento de Afiliaciones y Transferencias como instrumento rector en la relación entre clubes y jugadores.

La solicitud fue suscrita el 19 de junio de 2026 por los presidentes y representantes de los clubes mencionados, quienes recalcan que solo el respeto estricto a la normativa permitirá proteger la integridad institucional del voleibol peruano y garantizar los derechos de las entidades afiliadas.