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Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

El Gobierno de Keiko Fujimori sigue convocando a cuestionadas figuras de gestiones anteriores para ocupar importantes cargos en el Estado

Midagri - Ángel Manero
Ángel Manero. (Andina)
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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori designó al ingeniero agroindustrial Ángel Manero, exministro de Dina Boluarte, como nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

La designación se oficializó mediante la resolución suprema 013-2026-VIVIENDA publicada hoy viernes 14 de agosto. El documento lleva la firma de la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Texto de resolución suprema que designa a Ángel Manuel Manero Campos como Superintendente Nacional de Bienes Estatales y es firmada por Keiko Fujimori y Mauricio Arnillas
Una resolución suprema oficializa el nombramiento de Ángel Manuel Manero Campos como Superintendente Nacional de Bienes Estatales, refrendada por la Presidenta de la República y el Ministro de Vivienda.

Previamente, a través de la resolución suprema 012-2026-VIVIENDA, se aceptó la renuncia de José Felisandro Mas Camus, quien se desempeñaba como jefe de la SBN desde octubre del año pasado.

Entre las atribuciones exclusivas de la SBN figuran formular políticas y expedir directivas sobre adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de bienes estatales, así como gestionar el portafolio inmobiliario del Estado para optimizar su uso y valor. También le corresponde aprobar y ejecutar actos sobre los predios bajo su competencia, incluida la transferencia en dominio fiduciario de bienes inmuebles de dominio privado.

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En materia de control y transparencia, la SBN administra el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP), registro único y obligatorio al que todas las entidades públicas deben reportar sus predios, y conduce el catastro nacional de propiedades inmobiliarias del Estado. Además, supervisa los actos que ejecuten las entidades del SNBE, resuelve en última instancia administrativa los conflictos entre entidades sobre bienes estatales, y capacita a servidores de los tres niveles de gobierno en gestión patrimonial.

Cuestionamientos

El 7 de agosto de 2024, en conferencia de prensa, Manero cuestionó un informe de la FAO que estimaba que 17 millones de peruanos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria y afirmó: “En el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente”.

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Ángel Manero Campos desmiente informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria en Perú, afirmando que la falta de calidad alimentaria no implica hambre. (TVPerú)

Al intentar aclarar sus palabras, añadió: “Yo, por ejemplo, no ceno. Y estaría catalogado por la FAO como inseguridad alimentaria grave”. Un grupo de parlamentarios presentó una moción de interpelación y la Comisión Agraria del Congreso lo convocó. Manero pidió disculpas si ”ofendió a alguien", pero insistió en que ”el país no es de hambrientos". El premier Gustavo Adrianzén reconoció haberle sugerido que se disculpara con la población.

En septiembre de 2024, la ingeniera forestal y directora de la ONG Kené, Lucila Pautrat, lo denunció ante el Ministerio Público por aprobar la Resolución Ministerial 0309-2024-MIDAGRI, que creaba la ”Constancia de Libre Deforestación". La denuncia lo acusó de otorgamiento ilegal de derechos y de avocamiento indebido, al actuar fuera del ámbito de sus competencias. Ante la presión, Manero anuló la resolución por recomendación de la propia Oficina General de Asesoría Jurídica del ministerio.

Una investigación de Salud con Lupa reveló que la esposa de Manero, Silvia Wong Wu, es accionista y gerente comercial de Sunshine Export, empresa exportadora de mangos y paltas integrante de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el grupo empresarial más influyente del sector agroexportador. Manero nunca se pronunció sobre ese posible conflicto de interés ni explicó los alcances de la reforma que impulsó en la Autoridad Nacional del Agua, la cual, según la misma investigación, debilitó la capacidad fiscalizadora del organismo y alineó su funcionamiento con los intereses de las empresas que más agua consumen.

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