Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, se pronunció sobre los informes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que proponen imponerle dos nuevas destituciones.

En entrevista con el medio Maz Media, Espinoza cuestionó que la JNJ haya programado la audiencia el mismo día que el Consejo de Ética del CAL tenía previsto evaluar la suspensión en el ejercicio profesional de cinco consejeros. La exfiscal de la Nación consideró que son “dos probables, muy posibles, destituciones”. “Para hacer avasallamiento, quieren seguir demoliéndome, pero no lo van a lograr”, dijo.

“Señores, destitúyanme doscientas veces, la ley tarde o temprano se va a imponer y ustedes van a responder. Tanto los despeinados, los que obedecen, los que están allí arrodilladitos. Todos van a sufrir las consecuencias de sus malos actos”, señaló.

Delia Espinoza sostuvo que los dos nuevos casos por los que María Teresa Cabrera y Víctor Chanduví hayan propuesto nuevas destituciones son “totalmente risibles”.

¿Por qué se piden nuevas destituciones?

La JNJ tiene programada para el martes 25 de agosto una audiencia en la que la exfiscal de la Nación y actual decana del CAL, Delia Espinoza, podrá presentar sus descargos ante el Pleno. Dos informes de instrucción, elaborados de forma separada, proponen imponerle la máxima sanción disciplinaria.

El primero fue elaborado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, y sostiene que Espinoza incurrió en faltas muy graves por prolongar injustificadamente la investigación contra el exparlamentario Alejandro Soto por el delito de concusión, y por mantener una reunión con él mientras la carpeta fiscal seguía abierta. Espinoza se defendió señalando que la investigación no estuvo a su cargo de forma exclusiva, que la Fiscalía de la Nación arrastraba una alta carga procesal y que el encuentro con Soto fue institucional, para tratar la asignación de presupuesto para el Ministerio Público.

El segundo informe fue elaborado por el vicepresidente de la JNJ, Víctor Chanduví, y acusa a Espinoza de haber retrasado la reincorporación de Tomás Gálvez como fiscal supremo y de haber requerido su suspensión ante el Poder Judicial. Espinoza argumentó que el retorno de Gálvez representaba un riesgo institucional, dado que enfrentaba una denuncia constitucional en el Congreso y una investigación en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Agregó que el riesgo fue real: una vez reincorporado, Gálvez desactivó los equipos especiales que investigaban casos de alta complejidad y apartó a los fiscales a cargo, entre ellos quienes veían el caso en el que él mismo estaba involucrado.

En la práctica, las nuevas sanciones no tendrían efecto inmediato. Espinoza está fuera del Ministerio Público desde setiembre de 2025 por una suspensión previa de la JNJ, acumula dos inhabilitaciones del Congreso y una destitución de la Junta en enero de 2026. Las nuevas sanciones solo complicarían un eventual retorno, pues por cada una de ellas tendría que iniciar un proceso de amparo para buscar su anulación. Hasta ahora, obtuvo un fallo de primera instancia que dejó sin efecto una de las inhabilitaciones del Congreso, mientras las demás sanciones siguen en disputa judicial.