
El Poder Judicial le dio la razón al expresidente Martín Vizcarra y devolvió la acusación en su contra por el conocido caso ‘Richard Swing’, apelativo con el que se autodenominaba el cantante Richad Cisneros. Ello debido a que la Fiscalía Suprema modificó los hechos imputados sin autorización del Congreso de la República, según la resolución del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria a la que accedió Infobae.
Como se recuerda, en 2024, el Congreso acusó constitucionalmente a Vizcarra y le levantó el antejuicio político para que sea procesado por la presunta comisión de tres delitos. Estos eran tráfico de influencias por supuestamente reunirse con Richard Cisneros para prometerle trabajo en el Ministerio de Cultura aunque no cumpla con el perfil; peculado doloso (alternativamente negociación incompatible) por supuestamente disponer la contratación; y obstrucción a la justicia por supuestamente direccionar las declaraciones que darían trabajadores de Palacio a la Fiscalía en la investigación que se la abrió a Richard Cisneros.
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Sin embargo, al presentar la acusación este 2026, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada Anticorrupción acusó al expresidente solo por negociación incompatible y, alternativamente, tráfico de influencias.

Observaciones formales
La defensa de Martín Vizcarra, el abogado Erwin Siccha, cuestionó que la acusación haya introducido nuevos hechos fácticos a los términos aprobados por el Congreso. Y es que, afirma la defensa, durante todo el proceso parlamentario se alegó que el exmandatario habría dispuesto la contratación de Richard Cisneros por una relación de amistad, mientras que el Ministerio Público afirma en su requerimiento que con el favorecimiento se habría buscado el silencio de este en el caso Chinchero, así como su apoyo como asesor de marketing político.
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La Fiscalía dijo que no modificó los hechos ni delitos autorizados por el Poder Legislativo, sino que lo que hizo fue precisar la imputación contra Vizcarra, pasando de presunto instigador a autor.
Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkely le dio la razón a la defensa del expresidente: Reafirmó que durante el procedimiento parlamentario y la formalización de la investigación el presunto móvil siempre habría sido la amistad entre Vizcarra y Cisneros. Por ello, dice, no se trató de “precisión de los hechos” como afirmó el Ministerio Público, sino “una alteración de la hipótesis fáctica inicialmente formulada”.

Checkley recuerda que el proceso penal contra altos funcionarios debe respetar los hechos aprobados por el Congreso y, si durante la investigación preparatoria la hipótesis varía, se requiere un nuevo pronunciamiento del Poder Legislativo. Es decir, se exige la interposición de una nueva denuncia constitucional y la posterior aprobación del Parlamento.
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“La variación advertida no puede justificarse, conforme sostienen el Ministerio Público y la Procuraduría Pública, únicamente bajo la denominación de ‘precisión de los hechos’ ni por la incorporación de nuevos elementos de convicción o señalando el principio de progresividad”, se lee en la resolución.
Por ello, el Juzgado Supremo dispuso devolver la acusación fiscal, ordenando que el Ministerio Público proceda con interponer una nueva denuncia constitucional.
Más errores
Además de la falta de autorización congresal, el Juzgado detectó otro defecto formal: el requerimiento acusatorio carece de una exposición ordenada y diferenciada de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que sustentan tanto la imputación principal por negociación incompatible como la alternativa por tráfico de influencias agravado.
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El Juzgado Supremo, además, le dio la razón a la defensa de Martín Vizcarra respecto a que la Fiscalía modificó el título de imputación de instigador a autor sin aprobación judicial.
“La norma no exige un nuevo pronunciamiento del Congreso, pues contempla un procedimiento específico para la variación de la calificación jurídica de los hechos; en el presente caso no existió audiencia previa respecto la tipificación de los hechos”, dijo.
El Juzgado dispuso que la Fiscalía Suprema subsane las observaciones en el plazo de ley.
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