La renuncia de Jesús Gálvez a Renovación Popular, ‘a pedido’ de Rafael López Aliaga, expuso nuevas tensiones dentro de la agrupación política. El actual alcalde de Jesús María precisó que su decisión alcanza solo a su militancia y que mantendrá su condición de tercer regidor electo de Lima para el período 2027-2030.
Gálvez sostuvo que el pedido de apartarse del partido lo tomó por sorpresa y que no pudo presentar descargos antes de enviar su carta de renuncia. Según su versión, López Aliaga habría recibido información distorsionada sobre su persona, situación que motivó la solicitud para que dé un paso al costado.
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La salida ocurre en medio de la incertidumbre sobre quién asumirá la Alcaldía de Lima si el Jurado Nacional de Elecciones mantiene el impedimento para que López Aliaga reciba las credenciales. La segunda regidora electa, Jeanette Alonzo, ha señalado que aceptaría el cargo si corresponde por sucesión.

Las discrepancias sobre la sucesión alimentan las dudas sobre una crisis partidaria
Durante el programa Prueba de Fuego, el periodista Martín Riepl planteó que la renuncia de Gálvez podría revelar una crisis interna en Renovación Popular. La posibilidad de que el tercer regidor electo llegue a la alcaldía en una eventual cadena de sucesión habría añadido presión a una organización que busca resolver el escenario abierto por la situación de López Aliaga.
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Gálvez ha descartado que su salida de la militancia implique una renuncia a la lista con la que fue elegido. El alcalde de Jesús María recordó que obtuvo el cargo de regidor mediante voto popular y señaló que permanecerá en el Concejo Metropolitano de Lima como representante de Renovación Popular, pese a que ya no será afiliado de la agrupación.

En este contexto, Jeanette Alonzo manifestó que asumiría la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima si las acciones legales y electorales impulsadas por el partido no permiten que López Aliaga ocupe el cargo. Su anuncio instaló un debate sobre la sucesión y las decisiones que adopte la dirigencia ante la resolución del organismo electoral.
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La senadora Lourdes Alcorta rechazó que esa alternativa hubiera sido discutida previamente dentro del partido. La legisladora cuestionó que se presentara la eventual asunción de Alonzo como una definición interna, lo que añadió un nuevo elemento a las diferencias que atraviesan a Renovación Popular en la antesala del inicio de la gestión municipal 2027-2030.
Lourdes Alcorta tomó distancia de la posición expresada por Jeanette Alonzo
La senadora Lourdes Alcorta aclaró que las palabras de Alonzo respondieron a una iniciativa individual. La legisladora sostuvo que no existió una coordinación previa dentro de Renovación Popular para abordar una eventual transferencia de la alcaldía de Lima ni para establecer quién debería asumir el cargo ante un pronunciamiento adverso para López Aliaga.
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Alcorta afirmó que el respaldo electoral recibido por el partido estuvo asociado a la candidatura de López Aliaga. Según indicó, la agrupación consiguió 1,5 millones de votos por la figura de su líder y no por una eventual proyección individual de los integrantes de la lista de regidores que resultó elegida para el gobierno metropolitano.
Las diferencias aparecieron luego de una conferencia encabezada por López Aliaga junto con senadores, diputados y alcaldes electos de Renovación Popular. La reunión buscó fijar una respuesta política frente a las decisiones electorales vinculadas con los comicios regionales y municipales, además de anunciar los recursos que la organización presentará ante las instancias correspondientes.
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Renovación Popular presentó una reconsideración y evalúa una acción de amparo
El abogado Wilber Medina, representante legal de Renovación Popular, informó que el partido ya presentó un pedido de reconsideración ante el JNE. Explicó que el recurso busca que el organismo revise su decisión y adelantó que, si la solicitud no prospera, la agrupación recurrirá a una acción de amparo ante el Poder Judicial.
Medina añadió que el partido no descarta impulsar acusaciones constitucionales si considera que se configuraron responsabilidades en el tratamiento de los casos electorales. La diputada Norma Yarrow precisó que ya se presentó una acusación constitucional contra Roberto Urneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, como parte de la respuesta de la bancada y de los dirigentes partidarios.
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El abogado mencionó como antecedente el caso de un consejero regional que no recibió una credencial por no acreditar los dos años de residencia exigidos en la circunscripción donde postuló. Tras esa decisión, el Jurado Electoral Especial convocó a la siguiente candidata de la lista y el JNE confirmó el reemplazo después de resolver una apelación.

El partido citó un caso judicial que dejó sin efecto una credencial otorgada a una accesitaria
De acuerdo con Medina, el consejero afectado acudió luego a la vía judicial mediante una acción de amparo. El tribunal declaró nula la resolución electoral y ordenó que se le entregara la credencial, pese a que la candidata convocada en su reemplazo ya había recibido el documento que la habilitaba para ejercer el cargo.
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El representante legal sostuvo que esa resolución también dejó sin efecto la credencial de la consejera accesitaria. Para Renovación Popular, este antecedente permite plantear que las decisiones electorales pueden ser revisadas por el Poder Judicial cuando se alegue una vulneración de derechos constitucionales o irregularidades en el procedimiento que derivó en la exclusión de un candidato.
La estrategia legal será uno de los ejes de la organización en los próximos días. Mientras se resuelven los recursos anunciados, la discusión política se concentra en la continuidad de López Aliaga y en el papel que tendrían los regidores electos ante cualquier modificación en la composición de la gestión municipal de Lima.
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López Aliaga anunció una nueva ofensiva por los peajes y cuestionó a las instituciones de justicia
Durante la conferencia, López Aliaga también anunció que su administración impulsará una segunda etapa de acciones contra los peajes de Lima. El dirigente vinculó esas concesiones con la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán y planteó la posibilidad de promover una acción colectiva en representación de usuarios que, según afirmó, se ven afectados por las tarifas.
El líder de Renovación Popular mencionó a Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Pachacámac y Lurín entre los distritos alcanzados por esos cobros. Sostuvo que millones de ciudadanos destinan hasta un tercio de sus ingresos al pago de peajes para ingresar o salir de sus viviendas y calificó ese sistema como una afectación de derechos de los usuarios.

López Aliaga cuestionó además a la fiscalía, al sistema de justicia y a la procuraduría por su actuación frente a casos de corrupción. Señaló que ha promovido litigios fuera del Perú porque considera que en Estados Unidos existe una mayor comprensión sobre el impacto de esos casos en las familias de menores ingresos. También aseguró que el país obtuvo un resultado favorable en un proceso de exhibición de documentos, conocido como discovery, relacionado con Brookfield y Odebrecht.
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