Universidades ya no podrían elevar pensiones: Congreso presenta ley que obliga a ofrecer a estudiantes tarifas fijas

Las universidades privadas tendrían que ofrecer a sus ingresantes una modalidad de pensión y tasas administrativas fijas durante el período regular de la carrera, según un proyecto presentado por el diputado Juan Amílcar Villanueva Calderón, de Juntos por el Perú. La propuesta busca impedir que el costo pactado suba en los semestres protegidos, aunque cada institución conservaría la facultad de definir el precio inicial de este plan.

La iniciativa incorpora nuevos artículos a la Ley Universitaria para reconocer el derecho de los estudiantes de centros privados a contratar una tarifa estable desde la primera matrícula. El período cubierto sería equivalente al número de semestres que establezca el plan de estudios vigente al ingreso.

El texto no propone congelar todas las pensiones universitarias ni fija un monto único. Las casas de estudio podrían mantener sus actuales sistemas de escalas, pagos por crédito u otras modalidades. Sin embargo, estarían obligadas a incluir una alternativa de precio fijo e informar por escrito cuánto cuesta, qué conceptos comprende, cuáles quedan fuera y cómo se diferencia de los demás planes disponibles.

El proyecto establece que la universidad podrá cobrar un precio distinto por la modalidad fija, siempre que comunique esa diferencia de forma previa, expresa y comparativa antes de que el alumno se matricule. La medida permitiría que las instituciones anticipen en la tarifa inicial eventuales variaciones de costos durante los años que dure la carrera.

La pensión se mantendría por el número de semestres de la carrera

La protección se aplicaría sobre los semestres efectivamente cursados y no por años calendario. Además, una modificación del plan de estudios decidida por la propia universidad no podría cambiar la pensión pactada ni reducir el número de ciclos protegidos.

El estudiante perdería el derecho a la tarifa fija si supera la duración regular de la carrera, cambia de especialidad por decisión propia o deja los estudios sin solicitar una reserva de matrícula justificada. En esos casos, tendría que firmar un nuevo contrato bajo las condiciones económicas que determine la universidad.

La propuesta contempla excepciones. La reserva de matrícula o el retiro temporal por embarazo, incapacidad temporal o cuidado de hijos suspendería el cómputo hasta por dos semestres académicos. Las personas con discapacidad física, intelectual o psicosocial tendrían hasta cuatro semestres acumulables. La universidad contaría con diez días hábiles para responder la solicitud; si no lo hace dentro de ese plazo, el pedido se consideraría aceptado.

Indecopi asumiría la fiscalización de cobros y cargos adicionales

También se fijarían las tasas por solicitudes, exámenes de aplazados, cursos dirigidos, certificados de estudios, constancias de egreso y trámites de bachiller o titulación. El proyecto prohíbe crear cargos obligatorios, cambiar denominaciones o trasladar costos a otros conceptos para elevar de forma indirecta la pensión o el tarifario.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tendría la función de fiscalizar y sancionar incumplimientos. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) podría comunicar posibles infracciones detectadas durante sus acciones de supervisión.

La norma solo alcanzaría a quienes se matriculen por primera vez después de que las universidades adecuen sus documentos y sistemas de cobro. El Poder Ejecutivo tendría 90 días para reglamentarla y las instituciones dispondrían de 180 días posteriores para adaptarse.

Los programas de tarifa garantizada han generado debate en Estados Unidos

Los esquemas de pensión fija existen en universidades públicas de Estados Unidos. Illinois mantiene desde 2004 una garantía de matrícula por cuatro años, mientras que Carolina del Norte aplica una tarifa estable durante ocho semestres consecutivos.

Estudios sobre esas políticas advirtieron que la previsibilidad puede implicar precios más altos para las nuevas cohortes. Investigadores de la Universidad de Illinois hallaron que las instituciones sujetas a esa garantía elevaron sus tarifas anuales entre 26% y 30% por encima de la tendencia estimada, debido a que incorporaron desde el inicio los riesgos de inflación y futuros gastos.

Ese será uno de los puntos de discusión si el proyecto avanza en el Congreso: si una pensión fija permite a las familias planificar el costo total de una carrera o si las universidades trasladarán a la tarifa inicial la incertidumbre financiera de los años siguientes.