Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

El exministro de Defensa Walter Ayala no será condenado por el caso de presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú durante el gobierno del golpista expresidente Pedro Castillo. En la sesión de juicio oral del viernes 13, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró fundado el pedido de prescripción del exministro y archivó el proceso en el extremo penal.

En este proceso se le imputaba a Ayala el delito de patrocinio ilegal porque, en su condición de ministro de Defensa, haber intercedido ilegalmente para que se concretaran los ascensos de los coroneles del Ejército Ciro Heriberto Bocanegra Loayza y Carlos Enrique Sánchez Cawancama durante el proceso de ascensos 2021. Según la acusación, para conseguirlo se habría comunicado en varias ocasiones, de forma directa y a través de su edecán, con el entonces comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra Álvarez.

Los jueces supremos fijaron como fecha para el cómputo de la prescripción el 11 de octubre de 2021, día en que concluyó el proceso de ascenso de oficiales. Y para determinar cuándo prescribe, se debe tomar como referencia la pena máxima del delito imputado. En este caso, el patrocinio ilegal tiene una pena máxima de 2 años.

Así, la Sala Penal Especial calculó que la acción penal por el delito de patrocinio ilegal prescribió el 11 de octubre de 2026. Pero ¿cómo se llegó a este cálculo? Se aplicó la Ley 31751, conocida como la Ley Soto, y la sentencia del Tribunal Constitucional que la validó.

El impacto de la Ley Soto

Como se recuerda, la Ley Soto fijó en un año el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal. Antes no había un plazo fijo, sino que la Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario, estableció que no podía superar un plazo equivalente a la pena máxima de un delito más su mitad. En la práctica, la Ley 31751 hace que delitos con penas menores prescriban más rápido.

El Tribunal Constitucional declaró constitucional la Ley Soto en enero de este año y, además, fijó pautas especiales para su aplicación, como en los casos de delitos contra la administración donde por mandato de la Constitución el plazo de prescripción se tiene que duplicar.

En su sentencia, el TC dijo que cuando se calcule el plazo de prescripción de los delitos contra la administración pública, solo debe considerarse la dúplica del plazo ordinario (máximo de la pena) y a este sumarle un año de suspensión de la prescripción. Consideraron que vulneraría el derecho a ser juzgado en un plazo razonable que, en dichos casos, se considerara la prescripción extraordinaria, que es la suma del plazo ordinario más una mitad.

Así, en el caso de Walter Ayala, la Sala Penal Especial determinó que para calcular el plazo de prescripción solo debe duplicarse el máximo de la pena del patrocinio ilegal, que sería 4 años, y sumarle un año por la Ley Soto. Lo que da un total de 5 años.

Como la fecha para el cómputo es el 11 de octubre de 2021, según el cálculo, el delito de patrocinio ilegal prescribió 5 años después, el 11 de octubre de 2026.

Sin la Ley 31751 y el criterio establecido por el TC, el patrocinio ilegal habría prescrito a los 12 años.

No se librará de una eventual reparación civil

Aunque se haya declarado extinta la acción penal, la Sala Penal Especial indicó que continuará con el juicio oral, pero solo para determinar si se impone una reparación civil a favor del Estado. La Procuraduría exige una reparación civil de 200 mil soles.