
El exministro de Defensa Walter Ayala afrontará un juicio oral por el delito de patrocinio ilegal luego de todos sus recursos para archivar el caso fueran rechazados por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria. La acusación sostiene que el exfuncionario usó su cargo en el gobierno del golpista Pedro Castillo para gestionar el ascenso irregular de oficiales del Ejército Peruano.
Según la acusación de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en octubre de 2021, Ayala Gonzáles se habría reunido en varias ocasiones con el entonces comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra Álvarez, para pedirle directamente que ascendiera a los coroneles Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama y Ciro Heriberto Bocanegra Loayza al grado inmediato superior.
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Las gestiones no se habría limitado a reuniones presenciales. La fiscalía sostiene que el exministro también actuó a través de su edecán, el teniente coronel Youri Paul Hurtado Llanos, quien habría transmitido mensajes de WhatsApp al comandante general con el nombre del coronel Sánchez Cahuancama. “[Reenviado] Coronel de Infantería Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama de la Promoción Enero 1992 ascenso a General de Brigada. Mi Gral me olvidé enviarle este nombre también”, es uno de los mensajes en poder de la Fiscalía.

Los chats recuperados revelan, además, que el propio Vizcarra Álvarez informaba a Ayala Gonzáles sobre el avance del proceso de ascensos y le hacía saber que tenía guardados mensajes del edecán y del presidente con pedidos sobre el concurso. El edecán Hurtado Llanos le entregó al comandante general una lista de personas para los ascensos, con la indicación de que todo era a pedido del ministro de Defensa.
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De acuerdo con la tesis fiscal, cuando el exministro advirtió que los coroneles que recomendó no figuraban en la propuesta institucional de ascensos, llamó por teléfono a Palacio de Gobierno. Acto seguido, ambos, él y el comandante del Ejército se trasladaron a Palacio, donde Castillo preguntó personalmente por las posibilidades de ascenso del coronel Sánchez Cahuancama.
Walter Ayala a juicio
Walter Ayala intentó frenar el proceso penal por patrocinio ilegal a través de tres vías. Primero, interpuso dos excepciones: una de prescripción y otra de improcedencia de acción. Alegó, respectivamente, que el plazo para perseguir el delito había vencido y que las conductas imputadas —solicitar, preguntar, transmitir nombres vía WhatsApp— no configuraban como patrocinio ilegal.
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No obstante, el juez Juan Carlos Checkley rechazó ambas recursos tras determinar que, en el caso de Walter Ayala, el plazo de prescripción debe duplicarse al tratarse de un delito contra la administración pública. Es decir, prescribiría cuando transcurran 8 años desde cometido el hecho, en 2029. Sobre la improcedencia de acción, el magistrado concluyó que los hechos imputados sí son potencialmente delictivos.

En la audiencia de este jueves 20 de agosto, el juzgado desestimó también el último intento del exministro de Pedro Castillo para archivar el caso: un pedido de sobreseimiento. La defensa había argumentado que la conducta era atípica porque el comandante general del Ejército carecía de facultades para decidir ascensos, que era competencia de la Junta de Selección y que la sola solicitud era inidónea para producir el resultado.
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Checkley declaró infundado el sobreseimiento. Señaló que el delito de patrocinio ilegal es de mera actividad y de peligro abstracto. Es decir, no se requiere que los coroneles recomendados resulten efectivamente ascendidos ni que el Estado sufra perjuicio económico alguno. Basta, dijo, con que el funcionario, valiéndose de su cargo, patrocine intereses de particulares ante la administración pública.
En esa misma sesión del jueves 20 de agosto, se debatieron y admitieron las pruebas que se usarán en el juicio oral. Al finalizar la audiencia, Checkley dio por cerrado el control de acusación y anunció que emitirá el auto de enjuiciamiento.
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La Fiscalía pide un año y 8 meses de prisión contra Ayala por patrocinio ilegal, mientras que la Procuraduría exige una reparación civil de 200 mil soles.
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