Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández, solicitó al presidente del Senado de la República, el fujimorista Miguel Torres, iniciar el proceso de elección de nuevos magistrados del máximo intérprete de la carta magna.

En el oficio remitido, Hernández recuerda que el nombramiento de seis de siete magistrados está próximo a vencer.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley N.°28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, solicitarle el inicio del procedimiento de elección de los nuevos magistrados que reemplazaran a los seis miembros de este Colegiado cuyo mandato se encuentra próximo a vencer", se lee en el documento.

El mandato de los magistrados Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pacheco Zerga, César Ochoa Cardich vence el 13 de mayo de 2027. En tanto, el de de Manuel Monteagudo Váldez caduca el 18 de mayo.

“Conforme a lo establecido en el artículo 201 de la Constitución Política y el artículo 9 de la Ley N.º 28301, los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por un período de cinco años y no cabe la reelección inmediata. En tal sentido, resulta indispensable que el proceso de selección de sus reemplazos se active con la debida anticipación, a fin de garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento de la justicia constitucional”, recuerda Hernández en su oficio.

Cabe precisar que, si el Senado no llega a nombrar a tiempo a los nuevos tribunos, los magistrados cuyos mandatos de 5 años venció, continuarán en funciones hasta que se elija a sus sucesores. Ello ocurrió, por ejemplo, con los exmagistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis  Sardón, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña. Todos asumieron funciones en 2014, pero no fue hasta 2022 que el Parlamento eligió a sus reemplazos.

Casos pendientes

Los magistrados del TC cuyo mandato vence en mayo de 2027 tienen pendiente de resolución tres casos de alto impacto político y social antes de dejar el cargo: la demanda competencial vinculada a la destitución de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía a militares y policías, y el cuestionamiento a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El primer caso involucra un supuesto conflicto de competencias entre el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El origen se remonta a junio de 2025, cuando la JNJ ordenó reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pese a que el cargo ya era ocupado por Espinoza. Un juez constitucional concedió una medida cautelar a favor de la exfiscal para suspender el proceso disciplinario en su contra, pero los junteros se negaron a acatarla y llevaron la controversia al TC. En paralelo, la JNJ destituyó al magistrado que emitió esa medida y ya acumula dos destituciones firmes contra Espinoza, con un tercer y un cuarto proceso en curso.

El segundo expediente, ya en etapa de votación, corresponde a la Ley 32419, que otorga amnistía a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por hechos vinculados a la lucha antiterrorista entre 1980 y 2000. El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse adelantó que solo restan dos votos para publicar la sentencia, que definirá si la norma vulnera los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. La Defensoría del Pueblo presentó la demanda tras advertir que la amnistía podría alcanzar a responsables de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

El tercer caso quedó al voto el 12 de noviembre, tras una audiencia pública en la que el Pleno completo —incluidos los seis magistrados salientes— evaluó la demanda del Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 32537, que amplió la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre. La discusión se centró en si la protección penal para mineros en proceso de formalización subsistirá bajo el nuevo régimen de consolidación que impulsa el Ministerio de Energía y Minas.