Keiko Fujimori, Pedro Castillo y PPK: los 100 primeros días de los últimos presidentes electos

El jueves 5 de noviembre, Keiko Fujimori cumple 100 días de gobierno desde que asumió la presidencia del Perú el pasado 28 de julio. Esta marca del calendario político —tradicionalmente interpretada como una tregua de instalación o “luna de miel”— invita a contrastar el arranque del actual mandato con los inicios de sus dos antecesores directos proclamados por el voto popular: Pedro Castillo Terrones, en 2021, y Pedro Pablo Kuczynski, en 2016.

El balance inicial de cada gestión no solo evidencia la distancia temporal y de estilos, sino también la forma en que cada gobierno busca legitimarse. Al comparar los reportes elaborados por los propios gobiernos y contrastarlos con la opinión pública, se advierte cómo cambia el énfasis discursivo: del destrabe tecnocrático e institucionalista pregonado por PPK, a la reivindicación social y la lucha contra “200 años de olvido” que Castillo proclamó desde Huamanga, y a la apuesta por la centralización, la mano dura y el choque institucional que viene configurando Fujimori.

En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, su gobierno trató de mostrar un plan enfocado en cuatro pilares: oportunidades e inversión social; seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción; empleo, formalización y reactivación de la economía; y acercar el Estado al ciudadano. El foco de la administración de PPK estuvo puesto en el “destrabe” de grandes infraestructuras heredadas, como la Línea 2 del Metro, la Red Vial 6, la Autopista del Sol y el Aeropuerto Jorge Chávez; la simplificación tributaria en la Sunat; y la apertura de mercados externos, con énfasis en los vínculos comerciales y diplomáticos con China, buscando mostrar modernización gerencial y el equilibrio macroeconómico.

Castillo priorizó una agenda social y Fujimori puso el foco en seguridad

Por su parte, el gobierno de Pedro Castillo presentó su balance el 10 de noviembre de 2021 en Huamanga, Ayacucho, bajo una narrativa de confrontación con las élites tradicionales. Según el gobierno del hoy encarcelado exmadatario, la prioridad no radicaba en el destrabe empresarial, sino en la urgencia social y sanitaria: la masificación del gas natural de Camisea; el avance de la vacunación contra la COVID-19, que alcanzó cerca del 60 % de la población objetivo; la entrega del bono familiar Yanapay de S/ 350 a 13 millones de personas; y una denominada “Segunda Reforma Agraria”.

Esta última fue presentada como una política orientada a la tecnificación campesina, la entrega de créditos por más de S/ 400 millones mediante Agrobanco y subsidios para la compra de fertilizantes. El discurso de Castillo también priorizó medidas de austeridad de impacto simbólico, como la restricción de pasajes en primera clase para funcionarios públicos y una anunciada subasta del avión presidencial, que no se dio.

En contraste, en el mandato de Keiko Fujimori, las dos urgencias que concentraron la agenda del Ejecutivo fueron la prevención ante los estragos del Fenómeno El Niño —Fujimori supervisó trabajos en Piura y La Libertad y encabezó la entrega de 25 puentes modulares para asegurar la transitabilidad vial— y el combate contra el crimen, formalizado mediante la creación del Comando Unificado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También tuvo dos viajes: dio un discurso ante la ONU y tuvo una visita oficial a El Salvador para examinar medidas punitivas de seguridad.

Además, Fujimori intentó establecer una comunicación más directa con la población mediante el uso de redes sociales y transmisiones en directo durante los primeros domingos de su gobierno. Sin embargo, tuvo que suspenderlas luego de varios atentados y extorsiones contra transportistas, hechos que exigían que esté al frente de la lucha contra la criminalidad.

Las iniciativas legales reflejaron prioridades distintas en los primeros meses

Durante el arranque de PPK en 2016, el Ejecutivo apeló a la delegación de facultades legislativas para expedir reformas mediante decretos legislativos. Entre sus hitos normativos figuró la promulgación de la figura de la “muerte civil” para condenados por corrupción, que elevó las penas de inhabilitación de cinco a 20 años y creó el Registro Único de Condenados Inhabilitados.

También destacó el adelanto del quinto tramo de incrementos remunerativos para policías y militares mediante la Ley N.º 30508, junto con una batería de decretos supremos orientados a eliminar trabas administrativas.

En la administración de Pedro Castillo, el impulso normativo de los primeros meses se concentró en el ámbito laboral y de austeridad. El gobierno derogó la figura de la suspensión perfecta de labores implementada durante la pandemia, introdujo medidas para asegurar un piso mínimo de ingresos para trabajadores formales e impulsó iniciativas, que no se lograron, destinadas a impedir que personas con acusación fiscal formal postularan a cargos de elección popular.

En materia económica, Castillo solicitó facultades tributarias para recaudar alrededor de S/ 12 mil millones para salud y educación. Al mismo tiempo, buscaba renegociar contratos de comercialización del gas de Camisea y establecía marcos para la compra centralizada de fertilizantes agrícolas.

Para Keiko Fujimori, el paquete inicial de iniciativas apuntó principalmente al orden interno, la penalización del delito y la racionalización estatal. El Ejecutivo priorizó normas destinadas a respaldar el accionar policial e integrar operativamente a las Fuerzas Armadas en tareas de interdicción y patrullaje urbano, además de agilizar mecanismos de contratación directa para atender contingencias de infraestructura vial frente a desastres climáticos.

El Congreso las facultades en cada gobierno

El arranque de los primeros 100 días tuvo como factor determinante la convivencia o el choque frontal con el Poder Legislativo, especialmente en momentos de prueba institucional como la investidura ministerial y la delegación de facultades legislativas.

En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, la debilidad parlamentaria era evidente: contaba con una bancada oficialista de apenas 18 congresistas, frente a la mayoría absoluta de Fuerza Popular, que sumaba 73 curules. Pese a esta asimetría y a la hostilidad política, el primer gabinete ministerial, encabezado por Fernando Zavala, acudió al Pleno y obtuvo el voto de confianza el 20 de agosto de 2016, 23 días después del inicio del mandato.

El Ejecutivo solicitó luego facultades extraordinarias para legislar en materia económica, reactivación, saneamiento y lucha contra la corrupción. El trámite tomó 52 días calendario entre la presentación del pedido y su debate final. El Parlamento aprobó la delegación legislativa por 90 días y concedió la mayoría de las facultades requeridas, aunque recortó materias tributarias sensibles.

Cinco años más tarde, la correlación de fuerzas de Pedro Castillo estuvo marcada por una confrontación ideológica más polarizada. El gabinete ministerial liderado por Guido Bellido se presentó ante un Congreso dividido y adverso, y obtuvo el voto de confianza el 27 de agosto de 2021, 30 días después de asumir funciones, tras extensas jornadas de debate y amenazas de censura temprana.

Respecto de la delegación de facultades, el gobierno de Castillo enfrentó un proceso marcado por fricciones. Su solicitud de facultades tributarias y de reactivación económica tardó más de dos meses en tramitarse y fue recortada en las comisiones dictaminadoras: se aprobó solo una fracción de las medidas recaudatorias planteadas por el Ministerio de Economía.

Para la gestión de Keiko Fujimori, el tablero institucional operó bajo un régimen constitucional distinto. La eliminación de la obligatoriedad del voto de investidura para los gabinetes entrantes eximió a su equipo de ministros de someterse a la votación de confianza parlamentaria, lo que evitó el desgaste y las concesiones que caracterizaban los primeros 30 días de gobierno.

No obstante, en materia de facultades legislativas y en la tramitación de leyes sobre seguridad y emergencias climáticas, el pedido fuer presentado por el gobierno de Keiko Fujimori fue remitido al Congreso el 28 de agosto de 2026 y aprobado de manera definitiva por el Senado el 21 de octubre de 2026.

PPK conservó el mayor respaldo

El examen de los índices de aprobación de cada mandatario al cierre de sus primeros 100 días evidencia el desgaste del poder. El el caso de PPK, en noviembre de 2016, la encuestadora CPI midió una aprobación de 52,8 % en el ámbito urbano nacional, frente a 38,3 % de desaprobación y 8,9 % de personas que no opinaron. La pregunta fue directa: “¿Ud. aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando hasta el momento el Presidente Pedro Pablo Kuczynski?”

En el balance de Pedro Castillo hacia noviembre de 2021, la encuesta nacional urbana-rural de El Comercio-Ipsos arrojó su punto más bajo hasta entonces: la aprobación cayó a 35 %, mientras la desaprobación subió a 57 %, luego de haber registrado 42 % de aprobación en octubre. Al igual que en la medición de PPK, la formulación binaria obligaba a los encuestados a respaldar o desaprobar de manera directa el desempeño del presidente.

En el caso de Keiko Fujimori, la medición de Datum introdujo una opción intermedia. En lugar de la consulta excluyente entre aprobación y desaprobación, incluyó la calificación “regular”. Como consecuencia, 47 % de la ciudadanía calificó de regular a su gobierno.

Al aislar los respaldos de aprobación nítida, Pedro Pablo Kuczynski encabeza el grupo en sus primeros 100 días, con 52,8 %, seguido por Pedro Castillo, con 35 %. El respaldo firme a Keiko Fujimori, en cambio, queda condicionado por una ciudadanía que, en su mayoría, prefiere mantenerse a la expectativa sin otorgar aún un veredicto definitivo.