Hija del director de Barbadillo e hijo de un agente que custodia a Pedro Castillo trabajan para JP en Congreso

Ambos jóvenes fueron contratados en la bancada de Juntos por el Perú con remuneraciones de S/8.300 y S/8.000, respectivamente, según un reportaje de Cuarto Poder

Ambos jóvenes fueron contratados en la bancada de Juntos por el Perú con remuneraciones de S/8.300 y S/8.000, respectivamente, según un reportaje de Cuarto Poder
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La hija del director del penal de Barbadillo, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) desde hace cuatro años, obtuvo un contrato como técnica en el despacho de una congresista de Juntos por el Perú (JP), con una remuneración mensual de S/8.300, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

Se trata de Julissa Lucero, hija de Calixto Lucero, quien fue incorporada al despacho de la diputada Azucena Isla en agosto pasado, pese a no contar con experiencia laboral previa.

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La legisladora, quien visita habitualmente al exmandatario, negó cualquier vínculo con el funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y rechazó que Castillo le hubiera proporcionado el nombre de la trabajadora. “Al expresidente lo visito. Pero (...) desconozco al señor Calixto Lucero”, respondió ante una consulta del programa.

El reportaje mostró imágenes del padre de la trabajadora congresal cuando salía de Barbadillo en su vehículo y trasladaba a una persona vinculada al entorno del exjefe de Estado, en un registro que corresponde al pasado 5 de noviembre.

El padre de la trabajadora, Calixto Lucero, fue captado saliendo de Barbadillo en su vehículo y trasladando a una persona vinculada al entorno de Pedro Castillo, según imágenes difundidas por Cuarto Poder
El padre de la trabajadora, Calixto Lucero, fue captado saliendo de Barbadillo en su vehículo y trasladando a una persona vinculada al entorno de Pedro Castillo, según imágenes difundidas por Cuarto Poder

El informe también identificó al hijo de un agente del INPE asignado a la custodia del expresidente, quien trabaja en la bancada de Juntos por el Perú y recibe un sueldo de S/8.000 mensuales.

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Se trata de Alejandro Hurtado, quien se desempeña como técnico en la bancada de esa agrupación política en la Cámara de Diputados y cuyo padre, Juan Ramón Hurtado Barrenechea, integra el personal encargado de la seguridad del exjefe de Estado.

Cuarto Poder abordó al joven en los pasillos del Parlamento y le preguntó cómo había conseguido el puesto y si su padre había intervenido en su contratación. Hurtado confirmó que su progenitor trabaja en el INPE y está asignado al establecimiento ubicado en el distrito limeño de Ate, pero negó que hubiera sido el nexo para su incorporación a la bancada. “No tengo nada que hablar, gracias”, respondió.

De acuerdo con fuentes citadas por el programa, el agente tendría un papel relevante dentro del equipo penitenciario y sería una persona de confianza de Castillo durante su reclusión. Asimismo, las fuentes señalaron que presuntamente le facilitaría privilegios al exmandatario dentro de la cárcel.

Pedro Castillo (Foto: Andina)
Alejandro Hurtado, hijo de un agente del INPE encargado de la custodia de Castillo, trabaja como técnico en la bancada de Juntos por el Perú y percibe S/8.000 mensuales. El joven negó que su padre haya intervenido en su contratación

Un tercer caso identificado por el dominical es el de Héctor Sandoval, exdirector del penal que actualmente trabaja en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Baja, presidida por la diputada Catherine Palomino, también vinculada políticamente al entorno de Castillo.

Desde octubre, Sandoval se desempeña como asesor de ese grupo parlamentario, encargado de evaluar y dictaminar un proyecto de amnistía para el expresidente impulsado por Juntos por el Perú. En 2023, el exfuncionario ya había comparecido ante el Congreso por una entrevista que Castillo concedió a un medio extranjero desde el penal.

El exmandatario cumple una condena de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció en un mensaje a la nación la disolución del Congreso y la intervención del sistema de justicia, una medida con la que pretendía evitar una nueva moción de vacancia impulsada por el Legislativo, en medio de las investigaciones por corrupción que lo involucraban.

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