Aldo Bravo cuestiona contrataciones en el Congreso de familiares de agentes del INPE vinculados a Pedro Castillo: "Es un escándalo"

El diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, denunció la contratación en el Congreso de familiares de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que custodian al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. En declaraciones a Canal N, el legislador señaló que entre los contratados figuran la hija, el hermano y otro hijo de un exjefe de seguridad del recinto penitenciario.

“Es un escándalo absoluto que el señor jefe de seguridad del exINPE tenga pues a la hija, al hermano, al otro hijo. O sea, ¿esto qué cosa es? ¿Una agencia de empleos?”, declaró Bravo ante el medio. El congresista responsabilizó de estas contrataciones a legisladores de la bancada Juntos por el Perú.

Denuncia presunto intercambio de favores

El parlamentario vinculó las contrataciones con dos proyectos de ley presentados por integrantes de Juntos por el Perú orientados a una eventual amnistía para Castillo, condenado a once años de prisión por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Según Bravo, la coincidencia entre ambos hechos plantea interrogantes sobre un posible pacto implícito entre la bancada y personal del penal.

“¿Es una compraventa de favores políticos? ¿Trátame bien a Castillo y yo te contrato a tus hijos?”, cuestionó el diputado en diálogo con Canal N. El legislador aclaró que respeta el deseo de familiares directos de Castillo, como el senador José Mercedes Castillo y la diputada Yenifer Paredes, de buscar su liberación, pero remarcó que esto no exime las responsabilidades derivadas de la condena.

Exige revisar las contrataciones en el Congreso

Bravo exhortó a la Mesa Directiva del Congreso, cuya gestión administrativa recae actualmente en el Senado bajo la conducción de Mickey Torres, a intervenir ante el área de Recursos Humanos para esclarecer el origen de las contrataciones cuestionadas. El diputado recordó que esta no sería la primera controversia de este tipo en el Parlamento, tras los cuestionamientos previos por la contratación de asesores con vínculos al Movadef.

“Por favor, empecemos a poner el bloqueo oportuno. Ya teníamos el gran lío de los asesores Movadef. Ahora encima tenemos esto”, afirmó el legislador, quien atribuyó la baja aceptación ciudadana del Congreso a este tipo de episodios.

Tres contrataciones en Juntos por el Perú vinculadas al penal de Barbadillo

Un reportaje de Cuarto Poder identificó a tres personas con vínculos directos al penal de Barbadillo, donde permanece recluido Pedro Castillo, contratadas en despachos y bancadas de Juntos por el Perú. La primera es Julissa Lucero, hija de Calixto Lucero, director del penal, incorporada en agosto pasado como técnica en el despacho de la congresista Azucena Isla con una remuneración mensual de S/8.300, pese a no contar con experiencia laboral previa. Isla, quien visita habitualmente al expresidente, negó conocer al funcionario del INPE y rechazó que Castillo hubiera intervenido en la contratación.

El segundo caso corresponde a Alejandro Hurtado, hijo de Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente del INPE asignado a la custodia de Castillo y señalado por fuentes del programa como una persona de confianza del expresidente dentro del penal, con presunta capacidad para facilitarle privilegios. Hurtado trabaja como técnico en la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, con un sueldo de S/8.000 mensuales, y confirmó ante el programa el vínculo familiar, aunque negó que su padre haya influido en su contratación.

El tercer caso es el de Héctor Sandoval, exdirector del penal, quien desde octubre se desempeña como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Baja, presidida por la diputada Catherine Palomino. Esa comisión evalúa actualmente un proyecto de amnistía para Castillo impulsado por Juntos por el Perú. Sandoval ya había comparecido ante el Congreso en 2023 por una entrevista que el expresidente concedió a un medio extranjero desde la cárcel.