
Los cuestionamientos sobre la organización y las designaciones dentro del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) siguen abriendo nuevos frentes.
La entidad, encargada de ejecutar proyectos de infraestructura sanitaria y con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/1.450 millones al cierre de agosto, señaló en un comunicado que Edwin Coyla Carreño trabaja desde 2019 bajo el régimen CAS, ocupa la jefatura de la Subunidad de Obras y no registra impedimentos ni inhabilitaciones para ejercer sus funciones. Documentos y publicaciones periodísticas, sin embargo, han expuesto versiones distintas sobre el cargo y las atribuciones que tendría dentro del programa.
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La controversia surge tras publicaciones periodísticas sobre la participación de Coyla en una modificación del clasificador de cargos de PRONIS, aprobada en abril de 2020. Según la información difundida, el funcionario asumió temporalmente la Coordinación General del programa el 14 de ese mes y, tres días después, firmó una resolución que dejó sin efecto un clasificador aprobado a inicios de abril.
PRONIS bajo lupa: ¿qué ha pasado?
La medida restituyó el clasificador de 2019, que permitía a profesionales de Contabilidad, Economía, Derecho y Administración acceder a la Coordinación General de PRONIS. El cambio se produjo después de que una resolución dejara sin efecto la designación de Fredy Jordán Medina, al considerar que no reunía el perfil profesional vigente.
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Seis días después de la resolución firmada por Coyla, Jordán fue designado nuevamente como coordinador general. PRONIS bajo la lupa: cambios de perfil antecedieron designaciones en programa con S/ 1.450 millones

Frente a esos cuestionamientos, PRONIS emitió un comunicado el 20 de octubre en el que informó que Coyla mantiene vínculo laboral con la institución desde 2019 bajo el régimen de CAS de carácter indeterminado. La entidad indicó que se desempeña como jefe de la Subunidad de Obras, con tareas de supervisión, coordinación y seguimiento de la ejecución de proyectos, de acuerdo con las bases del proceso CAS N.° 038-2019/PRONIS.
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El programa también aseguró que Coyla no registra impedimentos ni inhabilitaciones vigentes para continuar en sus funciones. El comunicado no se refirió de forma específica a la modificación del clasificador de cargos de 2020 ni al proceso judicial mencionado en reportes periodísticos sobre el funcionario.
El cambio de perfil de 2020 antecedió una nueva designación
No obstante, en una nueva entrega, el diario Expreso revela que el pronunciamiento de PRONIS presenta contradicciones respecto al cargo que ocupa Coyla. El medio citó la Resolución de Coordinación General N.° 078-2026-PRONIS-CG, del 22 de abril de 2026, mediante la cual se designó a Henry Antón Cornejo como jefe de la Subunidad de Ejecución de Obras de la Unidad de Obras.
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Según la publicación, Cornejo suscribió un proveído el 12 de octubre de 2026 como jefe de esa subunidad. El diario indicó que el Cuadro para Asignación de Personal Provisional contempla una sola plaza orgánica para el puesto y cuestionó que PRONIS atribuya a Coyla la jefatura de la Subunidad de Obras.
También citó un esquema operativo interno, denominado “Quién hace qué en la gestión ágil de obras”, en el que Coyla figura como monitor del Grupo Norte. La información abre una diferencia sobre la nomenclatura y la estructura de los cargos: el comunicado oficial alude a la Subunidad de Obras, mientras que la resolución mencionada por el diario se refiere a la Subunidad de Ejecución de Obras de la Unidad de Obras.
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El alcance de las funciones asignadas bajo el régimen CAS
El diario, además, confirmó la existencia de imágenes y material audiovisual en los que se observa a Coyla en reuniones de trabajo junto a Ever Becerra Coronado, jefe de la Unidad de Obras de PRONIS. Según la publicación, ambos participaron en coordinaciones vinculadas a proyectos de infraestructura sanitaria.
La nueva entrega también volvió sobre los antecedentes judiciales de Coyla. La publicación previa informó que el funcionario recibió una condena en primera instancia por colusión agravada debido a un caso relacionado con su paso por la Municipalidad de Amantaní, en Puno. Esa sentencia fue revocada en segunda instancia y Coyla fue absuelto. De acuerdo con aquella información, la Fiscalía presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, que permanecía pendiente de resolución.
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Expreso añade que Becerra figura como investigado o imputado en un expediente vinculado a una investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao por presuntos delitos contra la administración pública. Esa condición no implica responsabilidad penal, que solo puede establecerse mediante una sentencia firme.
PRONIS administra S/1.450 millones para infraestructura sanitaria
El caso adquiere relevancia por el peso presupuestal y operativo de PRONIS dentro del Ministerio de Salud. El programa tiene a su cargo la formulación, ejecución y supervisión de hospitales, centros de salud, establecimientos de contingencia y equipamiento médico, por lo que la definición de responsabilidades en sus áreas técnicas incide en el desarrollo de obras y en el control del gasto público.
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Al cierre de agosto, PRONIS había ejecutado S/1.080 millones, equivalentes al 74% de su presupuesto actualizado de S/1.450 millones, según cifras recogidas en la publicación previa. La claridad sobre las funciones y los cargos dentro de la Unidad de Obras resulta relevante para identificar quiénes intervienen en las decisiones y el seguimiento de proyectos que buscan reducir las brechas de infraestructura sanitaria en el país.
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