Corte Suprema admite apelación de Pedro Castillo contra su condena por el fallido golpe de Estado

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema admitió la apelación del golpista expresidente Pedro Castillo contra su condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, por los hechos del 7 de diciembre de 2022.

Según pudo conocer Infobae, el tribunal supremo que preside el juez supremo decano Víctor Prado Saldarriaga declaró “bien concedido” el recurso de Castillo, así como los de sus coprocesados. Estos son la prófuga expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en México, y los exministros Aníbal Torres y Willy Huerta.

Como se recuerda, Chávez y Huerta recibieron en primera instancia la misma pena que el exmandatario, 11 años 5 meses y 15 días de prisión. En tanto, la Sala Suprema Penal Especial impuso 6 años y 8 meses de cárcel contra Torres debido a que es un adulto de la tercera edad.

La Sala Suprema Penal Permanente también admitió la apelación de la Fiscalía, que busca que se condene al general PNP Manuel Elías Lozada Morales, quien fue absuelto en la primera instancia.

Los jueces supremos deberán convocar audiencia para evaluar el fondo de las apelaciones. Una vez culminado el debate, se programará fecha para la lectura de la sentencia de segunda instancia, que podría terminar confirmando las condenas o revocarlas.

Reveses para Pedro Castilo

La justicia peruana asestó dos reveses consecutivos a Pedro Castillo en el término de una semana, al confirmar la vigencia de su prisión preventiva por un caso de presunta corrupción y rechazar un nuevo recurso de hábeas corpus con el que buscaba su excarcelación. El expresidente continuará recluido en el penal Barbadillo mientras avanzan en paralelo los procesos judiciales que enfrenta.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva que pesa sobre Castillo por el caso de presunta corrupción vinculado a Petroperú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda. El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria rechazó, además, el pedido de la defensa para sustituir la medida por una comparecencia.

En este proceso se investiga al expresidente por los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado. Según la tesis fiscal, Castillo habría liderado una estructura criminal de carácter piramidal que operó desde la Presidencia para copar entidades públicas clave. El expediente lo vincula con la designación de Geiner Alvarado López como ministro de Vivienda, por recomendación de Jenin Abel Cabrera Fernández, integrante del llamado “buró político” de la organización, desde donde se habría colocado a funcionarios afines en esa cartera.

El caso también incluye un presunto esquema de colusión en la compra de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A, con un incremento injustificado del volumen adquirido de 225 mil a 280 mil barriles que, según la Fiscalía, generó un perjuicio económico de 2.342.349,54 dólares para la petrolera estatal.

El Ministerio Público sostuvo que el peligro de fuga y de obstaculización permanecen vigentes, dado que no se produjo ninguna modificación de las condiciones que motivaron la medida en un inicio. Checkley coincidió con ese planteamiento y concluyó que no se acreditó el desvanecimiento de los presupuestos que justificaron la prisión preventiva, dictada originalmente en marzo de 2023 por 36 meses y luego prolongada este año por 12 meses adicionales. La medida mantendrá a Castillo Terrones recluido hasta el 8 de marzo de 2027.

Dos días después de esa decisión, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate declaró improcedente un nuevo recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente, que esta vez invocó una opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para sostener que su reclusión vulneraba derechos constitucionales.

La demanda, interpuesta por el abogado Jesús Josué Ramos Falcón, pedía que se declare fundado el recurso por una supuesta detención arbitraria y que el penal Barbadillo ejecutara la libertad del exmandatario en un plazo de 24 horas. También exigía que la Sala Penal Suprema Permanente resolviera en tres días hábiles la apelación contra la condena por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El juzgado de Ate concluyó que la demanda “resulta gaseosa” al no estar respaldada con pruebas concretas, ya que entre los medios probatorios figuraban una copia simple del documento de identidad de Castillo, copias sin traducción oficial de las opiniones del organismo de la ONU y el carnet del Colegio de Abogados del letrado. La Procuraduría Pública del Poder Judicial había advertido que existe un proceso idéntico en trámite ante otro juzgado, además de otros cinco expedientes similares presentados a favor del expresidente en la Corte de Lima, todos con el mismo petitorio.