
¿Sabías que el IGV para determinadas micro y pequeñas empresas (MYPE) del sector restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos se redujo hace unos años? Se trata de la tasa especial, de 8% de IGV más 2,5% de Impuesto de Promoción Municipal (IPM), lo que representa una carga total de 10,5% en 2026.
Pero esta medida vence en 2026, y el IGV pasaría a ser de 12% a partir del 2027. Así, hay una pregunta que muchos consumidores se hacen: si el restaurante tiene reducida la tasa del IGV, ¿por qué el precio de los platos no necesariamente es menor?
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Para Juan Santivañez, experto en contabilidad y tributación y socio de BKR - Santivañez, la respuesta está en diferenciar el beneficio tributario de la fijación del precio final. La norma no establece que los restaurantes deban reducir sus precios en la misma proporción del menor impuesto. Sin embargo, la lógica económica detrás de la medida sí apuntaba precisamente a generar un efecto de reactivación en el sector.

Consumo podría ser menor
Así, ¿cuánto debería costar un plato si se traslada el ahorro? El experto lo explica con un ejemplo: si un restaurante fija el valor de venta de un plato en S/100, con un IGV de 18% el consumidor paga S/118. Con una carga tributaria de 10,5%, el mismo plato, manteniendo el valor de venta en S/100, tendría un precio de S/110,50. Es decir, existe una diferencia de S/7,50.
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“Legalmente, el restaurante no está obligado a trasladar ese ahorro al consumidor reduciendo el precio de la carta. Pero la lógica económica de una reducción tributaria de este tipo es que pueda generar mejores condiciones para el negocio y, eventualmente, beneficiar también al consumidor mediante menores precios, mayor consumo y dinamización de las ventas”, apunta Santivañez.
Pero la lógica detrás de este tipo de incentivo es generar una cadena económica: menor carga tributaria → posibilidad de menores precios → mayor consumo → mayores ventas → más actividad y empleo. En otras palabras, el beneficio no solo puede analizarse desde cuánto menos impuesto paga una empresa, sino también desde si contribuye a dinamizar el sector.
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“Si el menor impuesto permite reducir el precio, el consumidor puede tener un incentivo adicional para consumir. Si aumenta la demanda, el restaurante vende más, puede requerir más trabajadores y genera mayor actividad económica. Ese es el efecto de reactivación que debe observarse”, señala el especialista.
No obstante, mantener el precio de la carta no significa automáticamente que el restaurante esté incumpliendo la ley. Los establecimientos tienen otros costos que determinan sus precios, como alimentos, alquileres, personal, servicios, logística y márgenes.
La reducción del IGV no habría ‘servido’
Como se recuerda, en el Congresio anterior, la Comisión de Economía del Congreso había aprobado el dictamen para que la medida de reducción del IGV a 8% para restaurantes y hoteles se amplíe inclusive hasta el 31 de diciembre de 2027 —esta fue promulgada originalmente en 2022 tras la pandemia con la intención de reactivar a restaurantes y hoteles—.
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Pero, a pesar de que las asociaciones de restaurantes pidieron una ampliación, el ministro de Economía de entonces, José Arista (actual senador de Fuerza Popular) se mostró en contra de la medida. Según su versión, no solo no habría habido mayor beneficio para la formalización, sino que inclusive se habría visto un aumento en los precios.
El MEF de entonces señaló que la lógica detrás de una exoneración o reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) es que esta se refleje en menores precios hacia los consumidores. Por ende, también, se debería generar una mayor demanda de bienes y servicios.
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Pero a pesar de que la tasa del IGV se redujo, los precios en los restaurantes no solo no se redujo, sino que se vio un incremento en lo que pagan los consumidores. Además, Arista tildó la medida de “beneficio ciego que favorece en mayor medida a las empresas que no lo necesitan”.
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