La seguridad energética se juega en las ollas comunes de Lima: balones, leña y redes que no llegan

Francisca Robles sabe cuándo un balón de gas está por acabarse.

Lo reconoce antes de que la llama pierda fuerza, porque en ‘Los Ángeles de Jesús’, la olla comunitaria que dirige en San Juan de Lurigancho —el distrito más poblado del país—, el combustible también decide qué llegará a la mesa. De lunes a viernes prepara unas 60 raciones, con un menú que depende de las provisiones disponibles y del gas que quede en el cilindro. “Hay que hacer malabares —dice—, siempre lo hemos hecho”.

Robles está al frente de esta cocina desde el 13 de abril de 2020, cuando la pandemia de covid-19 dejó a cientos de familias sin ingresos y convirtió estas iniciativas vecinales en una red de emergencia. En los meses más duros llegó a alimentar a 330 personas. Hoy atiende a 51 beneficiarios registrados y recibe ocasionalmente a unas nueve personas más.

Depende del gas licuado de petróleo (GLP) y recibe el Vale de Descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), destinado a organizaciones sociales de apoyo alimentario. El subsidio se mantiene en S/43 por balón desde 2013: reduce el costo que paga la olla, pero no cambia su dependencia del combustible ni de la cadena de distribución que lo lleva hasta el barrio.

Robles recuerda meses en los que el balón llegó a costar casi S/20 más. Cuando el dinero no alcanza o el gas no llega, el fuego vuelve a una alternativa que parecía haber quedado atrás: la leña.

Hasta septiembre de 2026, el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) registraba 4.321 ollas comunes activas en el país, que atendían a 276.733 usuarios. Otras 491 no completaron su incorporación en el plazo establecido, aunque, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pueden solicitarla a través de las municipalidades, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

En Lima Metropolitana figuran 1.805 ollas comunitarias, con 116.848 usuarios. San Juan de Lurigancho concentra 383 y 20.962 usuarios; Villa María del Triunfo registra 251 y 17.592 usuarios, y Comas, 170 y 11.901.

La nómina nacional muestra una expansión hasta 2024, cuando llegó a 5.089 organizaciones, seguida de una reducción a 4.486 en 2025 y 4.321 hasta septiembre de este año. El portafolio precisa que la comparación debe tomarse con cautela, pues desde 2024 las ollas comenzaron a incorporarse gradualmente al PCA.

El registro del FISE ofrece otra referencia. Hasta el mes pasado había 3.864 ollas beneficiarias activas del vale para GLP a nivel nacional, y 1.943 en Lima y Callao. En Lima Metropolitana, 1.696 recibían el vale y 109 tenían acceso a gas natural. Las organizaciones que acceden al gas natural dejan de recibir el beneficio para GLP.

Durante 2025, las ollas canjearon 155.333 vales, equivalentes a S/6,68 millones en descuentos. Entre enero y agosto de 2026 fueron 92.445 canjes, por S/3,98 millones. En agosto se redimieron 9.727 vales, frente a 11.756 en julio. La tasa de canje cayó de 89,7 % a 74 %.

Osinergmin señala que no ha detectado, durante sus acciones de supervisión, interrupciones o dificultades de acceso al FISE entre las ollas. El registro, sin embargo, contempla que una organización pueda ser retirada si pasa cuatro meses consecutivos sin canjear el vale, salvo que comunique y sustente una situación de fuerza mayor.

Para Erick García Portugal, experto en hidrocarburos y presidente de la Comisión de Seguridad Energética del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) Lima, el problema está más allá del subsidio. Es la estructura de abastecimiento. “Durante muchos años hemos incrementado la demanda de GLP —dice—. Importamos casi el 46 % y dependemos del producto que viene por buque. Entonces somos vulnerables”.

Esa dependencia se vuelve visible cuando el suministro se interrumpe. El especialista sostiene que Perú necesita mayor capacidad de almacenamiento y reservas distribuidas en distintas zonas. “Tenemos que desarrollar más tanques a nivel nacional para tener existencias. Si hay un oleaje anómalo o un cierre de carreteras, hay zonas que se quedan sin GLP o comienza a escasear. Y cada vez que existe la escasez, sube el precio”.

El Vale FISE amortigua parte de ese impacto, aunque con un límite: funciona mientras exista combustible disponible y la distribución siga siendo viable. “Es eficiente en las áreas donde hay oferta de GLP y donde los costos logísticos del GLP son aceptables”, sostiene. Por eso una cocina puede tener subsidio y seguir expuesta a una interrupción del abastecimiento. “Una olla común o un comedor siempre está vulnerable a dos cosas importantes: a la fluctuación de precios y a la poca existencia o capacidad de almacenamiento de GLP”.

Esa vulnerabilidad quedó expuesta a comienzos de marzo, cuando una deflagración en una estación de válvulas del sistema de transporte ubicada en el kilómetro 43 de Megantoni, en Cusco, obligó a suspender preventivamente el transporte de gas natural y líquidos de gas natural. El Gobierno declaró en emergencia el suministro durante 14 días, del 1 al 14 de marzo, y activó un mecanismo de priorización para el mercado interno.

Durante ese período, los precios declarados por los establecimientos de venta de GLP en Lima Metropolitana también variaron. El regulador tiene registro que el precio promedio para un balón de 10 kilogramos pasó de S/49,23 en febrero a S/53,51 en marzo y alcanzó los S/54,44 en abril.

Para García, la emergencia dejó una señal concreta sobre la capacidad de respaldo del sistema. “Demostró que no lo tenemos. La norma dice que debemos tener stock para 15 días. Si eso se cumpliera, no hubiésemos tenido tanto problema. En realidad no tenemos para 15 días, tenemos para cinco”.

En San Juan de Miraflores, donde hay 63 ollas comunes que atienden a 3.705 usuarios, Ismeria Palpa vivió ese mismo escenario desde otra cocina. Dirige ‘Mujeres Luchadoras de Pampa León’, donde 17 familias reciben las 81 raciones que se preparan de lunes a viernes. La olla consume cuatro balones de GLP de 10 kilogramos al mes, uno por semana. Con los cuatro vales mensuales del FISE, Palpa paga S/5 por cada cilindro.

Pero durante la emergencia estuvo unos 15 días sin proveedor. En su sector, según su relato, el precio de un balón llegó a entre S/70 y S/80. La cocina volvió entonces a la leña. “Si no ideamos algo —dice—, no hay comida”.

El Ministerio de Desarrollo recibió reportes generales sobre dificultades relacionadas con el combustible, aunque no cuenta con un registro nacional que permita determinar cuántas ollas fueron afectadas específicamente por falta de GLP, aumento de precios o interrupciones de distribución. Tampoco existe una cifra oficial de cuántas recurrieron a la leña durante la emergencia.

En sus evaluaciones, la cartera identifica el combustible como uno de los factores que pueden afectar la continuidad de una olla, junto con el abastecimiento de alimentos, el costo de las raciones, la infraestructura y los equipos.

En las zonas altas de la capital, la dificultad empieza incluso antes de encender la cocina. Un balón puede comprarse más abajo y llegar hasta la olla cargado por vecinos. El precio que paga la organización no siempre refleja solo el combustible.

El balón no llega solo.

La otra red

Frente a esa dependencia existe otra posibilidad: el gas natural. La diferencia es física. Con GLP, la organización debe comprar, transportar y reemplazar un balón. Con gas natural, el combustible llega por tuberías.

La infraestructura ya tiene una presencia importante fuera de las ollas: el Ministerio de Energía y Minas reporta más de 2,6 millones de hogares conectados y una extensión que supera los 25.800 kilómetros a nivel nacional, con datos a agosto pasado. Esa expansión, sin embargo, todavía alcanza a una fracción pequeña de las ollas registradas.

En Lima Metropolitana, solo 109 de las 1.805 organizaciones que figuran en el registro del FISE tienen acceso al gas natural.

El programa BonoGas, que financia conexiones para organizaciones sociales, registra 247 ollas conectadas entre agosto de 2016 y septiembre último. De ellas, 233 están en Lima y Callao; las restantes se encuentran en La Libertad, Áncash, Lambayeque, Cajamarca e Ica.

La conexión depende de que exista cobertura y de que la organización cumpla las condiciones técnicas, de seguridad y administrativas exigidas. La red puede estar cerca y, aun así, la cocina puede permanecer fuera.

En Lima y Callao, Cálidda señala que ha conectado gratuitamente a más de 2.300 comedores populares en 26 distritos. De ellos, 1.420 cuentan con apoyo del FISE y 924 no figuran en ese registro. Las cifras no son directamente comparables con las 109 ollas del FISE porque corresponden a universos distintos.

La firma distribuidora informó que, durante la emergencia, priorizó la continuidad del servicio para usuarios considerados esenciales, entre ellos los comedores populares.

La expansión del gas natural ocupa un lugar central en la planificación energética del país. En 2025, esta fuente, junto con los líquidos de gas natural, representó el 70,4 % de la producción interna de energía primaria y aportó por sí sola el 13,5 % del consumo final. El Ministerio de Energía plantea su masificación y el desarrollo de infraestructura como parte de una estrategia para asegurar el abastecimiento energético.

Para García, esa transición también reduce la vulnerabilidad de las organizaciones que dependen de cilindros. Durante una emergencia, explica, los usuarios residenciales y las organizaciones sociales tuvieron prioridad frente a actividades como la generación termoeléctrica y determinados usos industriales.

Pero llegar hasta una cocina tiene un costo. El Plan Quinquenal 2026-2030 para la concesión de Lima y Callao contempla una inversión de US$88,64 millones, con 592,5 kilómetros de redes de distribución, 679,2 kilómetros de redes de conexión y 23.920 nuevas conexiones residenciales en 30 distritos de Lima, Callao y Cañete.

Son kilómetros de infraestructura. Para una olla común, la distancia relevante es otra: la que separa la red de su cocina.

Cuando la red está cerca

García sostiene que llevar esta fuente de energía a una organización social no depende únicamente de cuánto se construya. También importa dónde está ubicada. En zonas con mayor densidad urbana, una ampliación puede resultar viable porque la infraestructura atiende a más usuarios. En sectores alejados, de difícil acceso o con poca densidad, los costos aumentan y los requisitos técnicos pueden hacer inviable una conexión.

“Si los costos son muy elevados por la misma ubicación, primero tenemos que sincerar los requisitos”, plantea. El experto propone un esquema regulatorio que reconozca esas diferencias y permita atender zonas donde la ampliación no resulta atractiva para el concesionario, con el modelo colombiano como referencia y una flexibilización de ciertos requisitos en coordinación con los municipios.

A ello se suman los problemas de habilitación urbana y documentación de los predios. En algunos sectores, matiza, esos trámites pueden prolongar durante años la posibilidad de conectar nuevas viviendas y organizaciones. Para las ollas o comedores que ya están cerca de una tubería, propone una salida específica: “Debería hacerse capaz un procedimiento especial para que el concesionario lo pueda atender”.

La lógica no sería llegar a todas las cocinas. Allí donde la conexión sea viable, la red puede reducir la dependencia del GLP; donde no lo sea, el abastecimiento mediante cilindros seguirá siendo necesario, pero con mejores condiciones de almacenamiento y distribución.

El problema, sin embargo, no termina en la infraestructura. También falta saber cómo cocinan las organizaciones y qué ocurre cuando su combustible falla.

“Deberíamos tener indicadores —dice el experto—: qué combustible usa mayoritariamente, cuánto consume y durante cuántos días”. Eso permitiría registrar los balones utilizados, los problemas de abastecimiento y los días en que una organización tuvo que recurrir a la leña.

El propio registro del PCA muestra por qué ese diagnóstico todavía es incompleto. En Lima, el Ministerio de Desarrollo identifica el tipo de combustible utilizado por 593 ollas: 547 emplean GLP, 43 gas natural y tres leña o carbón. Es una muestra parcial frente a las 1.805 organizaciones registradas.

El dato que sigue sin conocerse es el más relevante: cuántas pueden mantener sus cocinas operativas cuando su fuente habitual de energía deja de estar disponible. La cartera de Energía fue consultada con un mes de anticipación sobre estos y otros aspectos abordados en el reportaje, pero no respondió.

Francisca Robles sabe cuándo un balón de gas está por acabarse. La cocina, en cambio, no puede esperar.