
El Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria dispuso el archivo de una de las múltiples investigaciones contra el prófugo exjuez supremo César Hinostroza por presunta corrupción. Se trata del proceso en el que se le investigó junto a la ex magistrada Yrma Flor Estrella Cama por presuntamente haber pactado favores a cambio de beneficios mutuos.
La investigación se remonta a octubre de 2022, cuando la Fiscalía abrió diligencias preliminares contra Hinostroza, en su condición de exjuez superior y expresidente de la Corte de Callao, por presunto cohecho pasivo específico y, de manera alternativa, por tráfico de influencias agravado. Según la tesis fiscal, el exmagistrado habría ofrecido a Estrella Cama realizar gestiones ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para impedir que determinados expedientes pasaran de la Sala Civil Permanente a la Sala Civil Transitoria del Callao. Ello a cambio de que ella resolviera con celeridad un incidente de una demanda suya.
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Tras concluir la investigación preparatoria, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal solicitó el sobreseimiento al considerar que no existían elementos de convicción suficientes para sostener una acusación.
Y es que, dice el Ministerio Público, si bien la imputación nació de la declaración de un testigo dada en otra carpeta fiscal, la investigación no dio hallazgos objetivos como interceptaciones telefónicas o registros de actos de corrupción. Para la fiscalía, la hipótesis de un pacto entre Hinostroza y Estrella Cama permanece como una especulación. Es decir, no alcanza el estándar de sospecha suficiente para acusar y solicitar una pena de prisión.
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El Juzgado Supremo coincidió con el requerimiento fiscal y concluyó que no hay posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación ni elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados.

“Conforme al análisis de los elementos de convicción efectuado al resolver el requerimiento de sobreseimiento, no se acreditó suficientemente la existencia de los acuerdos delictivos que sustentaban la imputación penal, ni que las actuaciones administrativas o jurisdiccionales examinadas se hayan emitido a consecuencia de un intercambio ilícito de ventajas o promesas”, se lee en la resolución.
El juez Juan Carlos Checkley también descarto que haya existido un perjuicio que habilite una eventual reparación civil toda vez que “no se evidencia que las actuaciones atribuidas a los imputados Hinostroza Pariachi y Estrella Cama hayan generado pérdidas o detrimento de recursos públicos, desembolsos indebidos, una disposición irregular de fondos estatales, o un desprendimiento económico perjudicial para el erario”.
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Cabe precisar que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos se opuso al sobreseimiento solicitada por la Fiscalía Suprema y solicitó una investigación suplementaria de 12 meses, al considerar que el caso requería diligencias técnicas adicionales, entre ellas el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Sin embargo, el Juzgado terminó desestimando la oposición.
Así, Checkley ordenó el archivo definitivo del proceso por el delito de cohecho pasivo específico que se le imputó a Hinostroza y Estrella Cama, así como la anulación de los antecedentes judiciales y policiales vinculados a este caso.
Otros casos
El caso hoy archivado es una de las tantas investigaciones que se iniciaron contra Hinostroza desde 2018. Otros procesos se mantienen en investigación preparatoria, mientras que el caso principal, la denominada carpeta madre, ya se encuentra en control de acusación.
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En dicho caso, la Fiscalía solicitó 35 años de prisión contra el prófugo exjuez supremo César Hinostroza, así como contra los exconsejeros Guido Águila e Iván Noguera, por su presunta participación en Los Cuellos Blancos del Puerto, la organización criminal que se infiltró en el Poder Judicial y el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. El pedido, formulado el 3 de junio por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, corresponde a la pena máxima permitida por el Código Penal, tras ocho años de investigación.
A Hinostroza se le imputa haber liderado la organización criminal y haber participado en múltiples hechos de cohecho y tráfico de influencias, entre ellos la designación irregular de jueces, la contratación de personal jurisdiccional y la ratificación de magistrados a cambio de favores recíprocos. Por su parte, el exconsejero Orlando Velásquez enfrenta un pedido de 12 años y 8 meses
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