El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) expresó su rechazo al Decreto de Urgencia 010-2025 y a cualquier proceso de reorganización que fragmente a Petroperú o entregue a privados la gestión de sus activos y unidades de negocio.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que la empresa estatal requiere inversión, eficiencia y reformas, pero bajo un modelo integrado y con control público.
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El sindicato cuestiona la transferencia de gestión a operadores privados
El pronunciamiento apunta a los planes de reorganización de Petroperú en bloques patrimoniales que podrían incorporar participación privada en la administración de determinados negocios y activos.
Para el sindicato, esa alternativa puede constituir una forma de privatización, aun si el Estado conserva formalmente la propiedad de la compañía o de parte de sus instalaciones.
El STAPP incluyó en ese cuestionamiento la eventual venta de activos, la cesión de la operación de unidades de negocio y la fragmentación del patrimonio de la empresa. Según el gremio, esos mecanismos pueden trasladar a terceros el control de las operaciones y de los ingresos que generan.
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La posición sindical reconoce que la petrolera estatal necesita recursos para sostener sus actividades. Sin embargo, plantea que cualquier aporte de capital debe realizarse a través de los instrumentos ya contemplados en el marco legal de la empresa. “Buscar capital es legítimo; entregar la empresa por partes, no”, señaló la organización.
El sindicato también remarcó que la reorganización debe preservar el carácter estratégico de la compañía para el abastecimiento energético nacional. En ese sentido, reclamó medidas para mejorar la gestión, la transparencia y el gobierno corporativo sin dividir la estructura patrimonial y operativa de Petroperú.
El STAPP exige que no se afecten convenios ni estabilidad laboral
La organización pidió que toda decisión vinculada con el personal sea comunicada de manera previa y discutida con los sindicatos. El documento rechaza transferencias de trabajadores, desplazamientos o cambios en las condiciones laborales que se adopten sin diálogo.
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El STAPP sostuvo que los derechos adquiridos, los convenios colectivos vigentes, la estabilidad laboral y la libertad sindical deben mantenerse durante cualquier proceso de reorganización. El gremio vinculó ese pedido con las garantías previstas en la Constitución Política del Perú y en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El sindicato afirmó que presentó una acción de amparo en defensa de los trabajadores, que permanece pendiente de sentencia. La demanda busca cuestionar los efectos que la norma y sus medidas de ejecución podrían tener sobre las relaciones laborales en la empresa.
El Tribunal Constitucional tiene pendientes demandas contra el decreto
La constitucionalidad del Decreto de Urgencia 010-2025 también forma parte de la discusión planteada por el STAPP. Según la organización, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara interpusieron demandas de inconstitucionalidad contra la norma ante el Tribunal Constitucional.
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De acuerdo con el pronunciamiento, ambos expedientes fueron acumulados y quedaron al voto el 25 de agosto de 2026. El sindicato solicitó al tribunal una decisión pronta y reclamó que se suspendan las medidas de ejecución que puedan producir efectos difíciles de revertir mientras se resuelve la validez de la norma.
“Resulta grave que sigan avanzando decisiones con efectos estructurales”, indicó el STAPP, que pidió evitar hechos consumados durante la evaluación judicial.
El gremio recuerda la fragmentación de la empresa en los años noventa
El sindicato citó como antecedente la reestructuración de Petroperú durante los años noventa, cuando se transfirieron activos y se otorgó a operadores privados la gestión de terminales que continuaron bajo propiedad de la empresa.
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Para la organización, esa experiencia demostró que mantener la titularidad de un activo no implica conservar su operación ni los ingresos asociados. El comunicado mencionó el caso de los Terminales del Sur, cuya administración directa fue recuperada por Petroperú en 2019 tras más de dos décadas de operación privada.
El STAPP señaló que continuará con acciones legales, sindicales e institucionales contra el Decreto de Urgencia 010-2025 y contra cualquier mecanismo que, a su criterio, fragmente a la empresa estatal.
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